Causa Cuadernos: Cristina Kirchner será indagada de manera presencial el próximo martes
Con esta resolución, el proceso continuará y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá declarar de manera presencial la próxima semana.
La decisión fue tomada de forma unánime por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, quienes desestimaron los cuestionamientos presentados durante las audiencias preliminares. De esta manera, el tribunal habilitó el inicio de la etapa de indagatorias dentro del debate oral.
Según el cronograma fijado, la exmandataria será la primera imputada en declarar ante el tribunal, en una audiencia prevista para el martes 17 de marzo en los tribunales federales de Comodoro Py.
La discusión por las pruebas
Uno de los principales ejes del debate previo estuvo vinculado a la validez de las pruebas que dieron origen a la investigación. La defensa de la exjefa de Estado, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos que impulsaron la causa habrían sido manipulados y que, por ese motivo, no deberían ser considerados evidencia válida.
El letrado también cuestionó el uso de la figura del imputado colaborador. Según planteó, las declaraciones de quienes se acogieron al régimen de arrepentidos habrían sido obtenidas bajo presión, por lo que, a su entender, carecerían de legitimidad.
Entre quienes acompañaron esas objeciones se encuentra el exministro de Planificación Julio De Vido, cuya defensa también señaló inconsistencias en los testimonios que lo vinculan con la causa.
La postura de la fiscalía
Durante las audiencias, la fiscal Fabiana León respondió a los cuestionamientos planteados por las defensas y sostuvo la validez de las pruebas recolectadas durante la investigación.
Finalmente, el tribunal coincidió con la postura del Ministerio Público y resolvió rechazar los pedidos de nulidad, lo que permitió avanzar hacia la siguiente fase del proceso.
El expediente analiza la presunta existencia de un sistema de recaudación ilegal vinculado con contratos de obra pública que, según la acusación, habría funcionado entre 2003 y 2015.
En total, 86 personas están imputadas en el juicio, entre ellas 19 exfuncionarios y numerosos empresarios ligados a los sectores de la construcción, la energía, el transporte y los corredores viales.
Muchos de ellos enfrentan cargos por cohecho activo, acusados de haber pagado sobornos a funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal.
La resolución del tribunal despeja, por ahora, los intentos de frenar el proceso y abre una etapa clave del juicio, que comenzará con las declaraciones de los imputados en los próximos días.