Senado: dictaminaron pagar U$D 171 millones a fondos buitres y buscan sancionar la ley en la primera semana de mayo
El oficialismo de La Libertad Avanza junto a bloques dialoguistas firmó dictamen en el Senado a favor del proyecto que autoriza al Gobierno a pagar 171 millones de dólares a fondos buitres, lo que le permitiría avanzar con su aprobación en la primera semana de mayo.
La decisión se tomó en un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Martín Goerling Lara y Agustín Monteverde. Allí también se confirmó que el plazo para sancionar la ley fue prorrogado hasta el 31 de mayo, lo que le da más margen al Gobierno para cerrar el acuerdo.
La iniciativa apunta a autorizar el pago de los Acuerdos de Conciliación alcanzados con los acreedores Bainbridge Ltd. y el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. El esquema prevé desembolsos por 67 millones de dólares para el primero y 104 millones para el segundo, en simultáneo con la acreditación de bonos libres de gravámenes para su cancelación definitiva.
Desde el oficialismo defendieron el proyecto como una herramienta para cerrar litigios históricos. La titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, afirmó que el acuerdo permitirá “terminar con los embargos” y evitar nuevas órdenes sobre activos estratégicos como acciones de YPF, al tiempo que lo definió como “un cierre al default del año 2001”.
En la misma línea, Monteverde sostuvo que la iniciativa permitirá extinguir los litigios con los principales acreedores que aún permanecen en condición de holdouts. Además, informó que la prórroga del plazo fue comunicada por el procurador general Eduardo Casal.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno advierte que, de no aprobarse, podrían reactivarse juicios bajo condiciones financieras más desfavorables. También destaca que el acuerdo implica una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas y evita el pago de intereses punitorios bajo legislación extranjera.
Con este avance, el oficialismo busca resolver uno de los capítulos pendientes del endeudamiento argentino y despejar riesgos judiciales que podrían afectar activos del país en el exterior.