Graves irregularidades en una fundación: deberán devolver más de $33 millones por mal uso de subsidios
El Tribunal de Cuentas de La Pampa resolvió imponer cargos por más de $33,7 millones contra las autoridades de la fundación “Cambiando Vidas”, tras comprobar múltiples irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a programas de niñez y adolescencia.
Las resoluciones, emitidas el 6 de abril de 2026, surgen del análisis de cinco subsidios no reintegrables otorgados en 2023 por el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Según se determinó, parte del dinero fue utilizado de manera indebida, incluyendo el pago de sueldos a los propios directivos, una práctica expresamente prohibida por la normativa vigente.
Los responsables señalados son Jonatan Gabriel Coria (presidente), Alexia Andrea Márquez (secretaria) y Matías Germán Stemphelet (tesorero), quienes además son fundadores de la entidad. En distintos expedientes, el organismo detectó que percibieron haberes, horas extras y remuneraciones bajo diversas modalidades, desnaturalizando el carácter altruista que debe regir a este tipo de instituciones.
A esto se sumaron otras irregularidades relevantes, como transferencias sin comprobantes, rendiciones duplicadas para justificar gastos, falta de documentación en consumos de combustible y hasta la compra de bebidas alcohólicas con fondos públicos, lo cual está expresamente prohibido. También se observaron deficiencias formales, como recibos sin firma y facturación a nombre de particulares en lugar de la fundación.
El Tribunal advirtió que, pese a múltiples intentos de notificación, los implicados no se presentaron a ejercer su defensa. Incluso fue necesario recurrir a edictos públicos ante la imposibilidad de ubicarlos en los domicilios declarados.
Frente a este escenario, se los declaró responsables solidarios por el total del monto observado y se les otorgó un plazo de diez días para reintegrar el dinero en una cuenta oficial del Banco de La Pampa. En caso de incumplimiento, se dará intervención al Fiscal de Estado para avanzar con las acciones judiciales correspondientes.