Defensa del Consumidor aplicó 92 sanciones por más de $ 243 millones en lo que va del año
La suma de las multas impuestas por la Dirección General de Defensa del Consumidor ascendió a 243.390.000 pesos, un promedio de 2.650.000 pesos por cada sanción.
Las novedades, publicadas en el Boletín Oficial de este viernes, fueron informadas por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández. El funcionario indicó que “el área de Defensa del Consumidor está para defender los derechos de los usuarios y garantizar el equilibrio en el mercado, sobre todo en momentos de tanta vulnerabilidad para los consumidores”.
“Las oficinas están abiertas en cada municipio para recibir reclamos, denuncias o ayuda ante cualquier situación. También se puede hacerlo vía online que es más rápido para el consumidor. El Gobierno provincial de esta manera hace una tarea importantísima para resguardar los derechos ante posibles fraudes o abusos, y también el bolsillo, de los pampeanos”, afirmó Fernández.
Los rubros de las empresas sancionadas más destacados son los de servicios financieros, planes de ahorro de vehículos, empresas de viajes y turismo, transporte y aerolíneas, fabricantes de casas prefabricadas, servicios de telefonía, venta online de indumentaria y comercios de electrodomésticos.
Las dos etapas de la actuación oficial
En la actuación de Defensa del Consumidor de La Pampa, la Ley 24.240 establece un procedimiento con dos partes bien diferenciadas.
En la primera etapa denominada de mediación se prevé la oportunidad de que el denunciante solucione su inconveniente de común acuerdo con el proveedor denunciado, principalmente por audiencias de conciliación celebradas en la oficina del organismo. Si existe acuerdo el expediente culmina y el consumidor ve resuelto su reclamo. En esta etapa se pone el mayor esfuerzo.
Si la conciliación no es posible, el consumidor tiene la posibilidad de continuar su reclamo en la vía judicial y Defensa del Consumidor pasa el expediente a una etapa denominada sumarial.
En esta etapa se evalúan las posibles infracciones a la ley de Defensa del Consumidor mediante una imputación a las empresas que correspondan. Las empresas tienen su derecho constitucional de defensa y posteriormente se determina la correspondencia o no de las sanciones previstas en dicha ley y que luego se ven publicadas en el Boletín Oficial.
El monto de la sanción depende de múltiples factores a tener en cuenta: el hecho generador de la sanción, los daños ocasionados al consumidor, la envergadura de la empresa (si es una empresa local, es nacional, o es una multinacional), los antecedentes de sanciones previas en esta dependencia, etc.