Policiales Por: INFOtec 4.019/08/2026

Detuvieron a una funcionaria bonaerense por un presunto lavado de $27.000 millones

La acusan de captar personas vulnerables para usar sus datos biométricos y abrir billeteras virtuales. Investigan una posible conexión con la causa Sur Finanzas.
 

Una funcionaria bonaerense fue detenida en La Plata acusada de integrar un presunto esquema de lavado de activos por unos $27.000 millones, que habría utilizado datos personales y biométricos de personas vulnerables para abrir cuentas en billeteras virtuales.

La investigación está a cargo de la fiscal Betina Lacki y derivó en nueve allanamientos, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación.

La principal acusada es Albertina Mangini, quien cumplía tareas en una oficina de enlace vinculada al Patronato de Liberados. Según la investigación, habría ofrecido unos $80.000 a personas en situación de vulnerabilidad a cambio de fotografías de sus documentos, reconocimiento facial y escaneo del iris.

Con esos datos se habrían creado cuentas en plataformas como Mercado Pago, Goala y PayPal, que luego eran controladas por integrantes de la presunta organización.

Los investigadores detectaron movimientos por unos $27.000 millones en un año y sospechan que se utilizó la modalidad conocida como “pitufeo”, mediante la fragmentación de grandes sumas en múltiples operaciones. Parte de los fondos tendría origen en el juego clandestino y habría sido ingresada a plataformas de apuestas para luego retirarla como supuestas ganancias.

Una posible conexión con Sur Finanzas

La causa también involucra a Ignacio Leonel Marchioni, quien ya está imputado en la investigación sobre Sur Finanzas y es señalado por su presunta participación en el circuito financiero de la maniobra.

Además de Mangini y Marchioni, fueron imputadas otras cuatro personas por presuntos delitos de estafa, lavado de activos y asociación ilícita.

La Justicia deberá analizar ahora el material secuestrado para determinar el alcance de la organización y el destino de los fondos.

El Gobierno bonaerense aclaró que Mangini no es empleada del Ministerio de Justicia, sino del Ministerio Público Fiscal, aunque tenía acceso a información de personas condenadas por sus tareas en una dependencia vinculada al Patronato de Liberados.

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