Rivas se presentó junto al empleado cesanteado por violencia contra su hija

El agente fue cesanteado luego del procedimiento administrativo iniciado a partir de la condena judicial que recibió por lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas simples contra su hija menor de edad. La sentencia estableció seis meses de prisión de ejecución condicional, además de medidas de prohibición de contacto y acercamiento hacia la víctima, tratamiento psicológico obligatorio y control judicial durante dos años.

La presencia de la concejal opositora adquirió particular relevancia porque el bloque que preside había presentado anteriormente un pedido de informes relacionado con los procedimientos que aplica el Municipio ante situaciones judiciales que involucran a empleados o funcionarios.

Consultada por InfoTec 4.0 sobre el motivo de su acompañamiento, Rivas sostuvo que su presencia respondió exclusivamente a su función institucional como concejal y presidente del bloque opositor.

“Solo acompañé a un agente municipal en mi carácter de concejal y presidenta del bloque porque en el expediente de su sumario se incorporó un proyecto presentado por nuestro bloque en ejercicio de las funciones de control del Concejo Deliberante, que ni siquiera se trató ni aprobó y que nada tenía que ver con su situación”, explicó.

En ese sentido, remarcó que, según su interpretación, no se trató de una intervención destinada a asumir la defensa del trabajador. “No se busca interferir en el sumario ni asumir su defensa, que corresponde a su abogado, sino conocer por qué una iniciativa institucional del Concejo fue utilizada dentro de un procedimiento individual y también para verificar que se respete su derecho de defensa”, afirmó.

La concejal consideró además que la incorporación de aquella iniciativa legislativa al expediente constituye una situación de gravedad institucional. “Me parece un hecho muy grave del Ejecutivo haber anexado dicho proyecto y responsabilizarnos por el sumario iniciado”, manifestó.

Rivas también cuestionó la forma en que el empleado habría tomado conocimiento de la decisión administrativa. Según expresó, decidió acompañarlo porque “el agente se enteró del despido por los medios, sin notificación formal”.

Ante la consulta sobre si su presencia podía resultar llamativa teniendo en cuenta que se trataba de un procedimiento individual y que el trabajador ya contaba con asistencia legal, la presidente del bloque de Juntos por el Cambio respondió: “Entiendo que pueda llamar la atención, pero la defensa la lleva su abogado”.

Y volvió a remarcar el motivo que, según explicó, la llevó hasta el Municipio: “Te repito, yo estuve porque incorporaron un pedido de informe de nuestro bloque al sumario y porque el agente se enteró del despido por los medios, sin notificación formal”.

Finalmente, Rivas buscó despegar su presencia de cualquier cuestionamiento a la condena judicial o de una defensa de la conducta por la cual fue condenado.

“No fui a defender su conducta ni a cuestionar la sentencia, sino a resguardar nuestro rol institucional y el debido proceso”, sostuvo.

El interrogante institucional

La explicación de la concejal abre, sin embargo, un interrogante que excede la situación personal del empleado: si el objetivo fue resguardar el rol institucional del Concejo Deliberante y verificar el respeto del debido proceso dentro de un sumario administrativo, ¿por qué ese control se ejerció presencialmente acompañando al agente y a su abogado en el ingreso al Municipio?

La pregunta resulta pertinente porque la propia Rivas reconoce que “la defensa la lleva su abogado” y encuadra su intervención en las funciones de control del Concejo Deliberante.

En términos institucionales, el rol de los concejales no implica asumir la defensa particular de un empleado municipal ni intervenir directamente en un sumario administrativo en representación del trabajador. Su función de control está vinculada con asegurar que el Departamento Ejecutivo actúe dentro del marco de las normas que rigen al Estado municipal, fiscalizando sus decisiones y procedimientos a través de las herramientas institucionales que corresponden al Concejo Deliberante. En ese sentido, el control sobre la actuación del Ejecutivo debe ejercerse en las instancias y mediante los mecanismos previstos por la normativa, mientras que la defensa de los derechos e intereses particulares de un agente corresponde a su representación legal.

La normativa municipal establece mecanismos específicos para garantizar el derecho de defensa de un agente sometido a un sumario administrativo, mientras que el Concejo Deliberante desarrolla sus funciones de control y fiscalización mediante herramientas institucionales propias.

En este caso, Rivas sostiene que su presencia respondió a la necesidad de conocer por qué un proyecto de su bloque fue incorporado al expediente y a verificar que se respetara el derecho de defensa del trabajador. 

Así, el episodio deja planteada una discusión estrictamente institucional sobre los límites y alcances del rol de los concejales frente a un sumario administrativo individual.

La presencia de la concejal junto al empleado, sus familiares y su abogado quedó registrada esta mañana en el ingreso al edificio municipal y se produjo apenas un día después de que se conociera públicamente la cesantía.