El abogado del empleado municipal cesanteado en Realicó, cuestionó el sumario

En diálogo telefónico con InfoTec 4.0, Altamirano explicó que solicitó el derecho a réplica luego de la publicación de la cesantía y aseguró que “nunca fue notificado formalmente el empleado municipal”. Al mismo tiempo, señaló que la defensa presentó “un recurso jerárquico en tiempo y forma”, por lo que considera que la situación administrativa aún debe ser resuelta.

El letrado fue consultado específicamente sobre si el intendente municipal estaría facultado para disponer la cesantía teniendo en cuenta la condena judicial sin instancia de apelación. Su respuesta fue afirmativa: “Sí, obviamente. Tal cual lo manifestás, las leyes a nivel nacional, a las cuales adhieren tanto la Provincia como los municipios de La Pampa, establecen esta facultad u obligación de los Estados de tomar medidas respecto de personas que tengan antecedentes condenatorios”

Sin embargo, aclaró que ese no es el punto que cuestiona la defensa. “No es lo que nosotros estamos cuestionando, sino que justamente lo que decimos es, para cesantear a una persona,  se requiere un proceso administrativo en el cual se le dé la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y se respete el debido proceso”, sostuvo.

El cuestionamiento al procedimiento

Altamirano explicó que durante el trámite administrativo la defensa presentó un primer descargo, ofreció pruebas, interpuso un recurso de reposición y posteriormente presentó un recurso jerárquico.

Según afirmó, entre las pruebas ofrecidas había declaraciones testimoniales y documentación vinculada con el contexto del proceso penal. También señaló que el propio empleado debía tener la posibilidad de ser oído dentro del sumario.

“La misma ley procedimental establece el derecho de ser oído del agente, cuestión que hasta el momento no ha sucedido, no se lo escuchó nunca a pesar de los reiterados intentos de ofrecer esa prueba”, afirmó.

El abogado cuestionó además que la sumariante (NdR la Secretaria de Secretaria de Desarrollo Social, Nora Heredia) no haya permitido producir la prueba ofrecida por la defensa y sostuvo que tampoco se habría permitido alegar sobre la prueba incorporada al expediente.

“Nosotros hemos presentado pruebas que tienen que ver con la posibilidad de defenderse y de ser oído en el marco del sumario administrativo”, explicó.

De acuerdo con su relato, la defensa entiende que la sola incorporación de la sentencia penal no resulta suficiente para resolver automáticamente la situación administrativa.

“Eso no implica una aplicación automática de una sanción en sede administrativa, que es justamente lo que nosotros estamos intentando hacer acá, que no se lo sancione, atento a que hay explicaciones por las cuales se decide esa sentencia penal”, manifestó.

El recurso jerárquico

Altamirano explicó que el recurso jerárquico presentado ante el intendente constituye una instancia de revisión dentro del ámbito administrativo.

“El recurso jerárquico es una especie de apelación en el ámbito administrativo”, señaló.

Según detalló, previamente se había presentado un descargo y luego un recurso de reconsideración ante la misma autoridad que había tomado la decisión cuestionada. Ante la falta de respuesta favorable, la defensa recurrió al superior jerárquico.

“El superior jerárquico de la señora Heredia es el señor intendente, razón por la cual, dentro del plazo que está en el Código, nosotros hicimos uso de ese recurso jerárquico”, explicó.

El abogado sostuvo además que hasta este jueves el empleado no había sido notificado formalmente de la cesantía que trascendió públicamente.

“Hasta el día de hoy no está notificado”, afirmó.

En ese marco, señaló que solicitó tomar vista de la totalidad del expediente y que también pidió que el recurso tenga efecto suspensivo.

“Yo solicité que tenga un efecto suspensivo el recurso jerárquico. Es decir que, como no está notificada ninguna resolución, que continúe en el estado que está hasta hoy”, explicó.

Un eventual reclamo ante el Superior Tribunal

El abogado anticipó que, si el planteo administrativo no prospera, recurrirá a la Justicia mediante un proceso contencioso administrativo ante el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa.

“Nosotros eventualmente iniciaremos un proceso contencioso administrativo, es decir, ante el Superior Tribunal de Justicia, a los fines que se declare inválido el proceso”, adelantó de manera exclusiva a InfoTec.

Altamirano remarcó que el eventual planteo judicial estaría centrado en las cuestiones procedimentales y no en desconocer que el Ejecutivo tenga facultades para adoptar medidas frente a una condena.

“Lo que nosotros vamos a encarar ahí son las deficiencias en el proceso”, sostuvo.

La presencia de Celina Rivas

Durante la entrevista, el abogado también fue consultado por la presencia de la presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Celina Rivas, quien el miércoles se presentó en el Municipio junto al empleado, sus familiares y el abogado.

Altamirano explicó que la presencia de la concejal estuvo relacionada con la incorporación al sumario de una nota presentada por el bloque opositor.

“El motivo en particular fue justamente la incorporación de esa nota que provenía de su bloque y fue uno de los cuestionamientos que oportunamente nosotros hicimos para aclarar esta desprolijidad en el sumario”, explicó.

Según el abogado, Rivas estuvo presente para que el bloque pudiera aclarar el origen y el carácter del documento incorporado al expediente.

"El bloque en particular no tenía un encono en contra el agente" señalo Altamirano en relación a la llamativa presencia de Rivas. 

El letrado hizo referencia al pedido de informes presentado oportunamente por Juntos por el Cambio y sostuvo que fue incorporado al expediente pese a que no había sido tratado por el órgano deliberante municipal.

El intendente tiene facultades, según la propia defensa

Uno de los puntos centrales de la entrevista es que el propio representante legal reconoce que el intendente Facundo Sola puede disponer una sanción frente a los antecedentes del empleado.

Consultado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo sostenga la cesantía basándose en la condena judicial, Altamirano respondió: “Sí, por supuesto, es una de sus facultades”.

El abogado agregó que el intendente deberá resolver el recurso presentado por la defensa y fundamentar su decisión. En caso de que sea rechazado, señaló que quedaría habilitada la posibilidad de acudir a la Justicia.

También fue consultado sobre si existían otras alternativas a la cesantía. En ese sentido, planteó que podrían haberse considerado diferentes sanciones.

“Podría haber establecido una suspensión por algún plazo determinado. O esa sanción se podría haber estipulado a lo que dura el antecedente penal”, explicó.

Y volvió a poner el eje de su planteo en el procedimiento: “Entonces son distintas las cuestiones que se podrían haber adoptado como sanción. Pero siempre y cuando se respete el proceso”.

La defensa sostiene así que la discusión no pasa por desconocer las facultades del Ejecutivo para sancionar al empleado, sino por cuestionar el procedimiento administrativo antes de disponer la cesantía.