Comunidad Organizada denunció ante la FIA el presunto desvío de fondos destinados a las rutas pampeanas
La presentación fue realizada por los diputados provinciales Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, junto al presidente de Comunidad Organizada, Juan Carlos Tierno. En el escrito cuestionaron el destino que habría tenido durante los últimos años el dinero correspondiente a una asignación específica prevista por la legislación provincial.
Desde el partido sostienen que el Fondo Provincial de Vialidad debe recibir recursos que no pueden ser derivados hacia otros fines o partidas. Entre ellos mencionan fondos provenientes de la coparticipación federal, impuestos nacionales como IVA y Ganancias, además de recursos correspondientes al impuesto a las patentes y al inmobiliario, entre otros ingresos provinciales.
Según plantearon, desde que Sergio Ziliotto asumió como gobernador en 2020 esos recursos no se habrían aplicado en la proporción correspondiente a la construcción y mantenimiento de las rutas provinciales. Para Comunidad Organizada, esta situación habría contribuido al deterioro de la red vial pampeana.
Piden determinar cuánto dinero correspondía al Fondo Vial
Como parte de la presentación, solicitaron que se requiera información al Poder Ejecutivo Nacional para determinar los montos de coparticipación federal enviados a La Pampa durante cada año y establecer, a partir de esos datos, cuánto dinero debería haber sido destinado al Fondo Provincial de Vialidad.
También pidieron que se detallen los recursos obtenidos mediante los distintos impuestos que, de acuerdo con su planteo, integran el financiamiento del fondo.
El objetivo de la denuncia es que la FIA determine si existieron irregularidades en el manejo y destino de esos recursos y, en caso de corresponder, establezca responsabilidades administrativas.
Cuestionamientos por el estado de las rutas
Comunidad Organizada vinculó el reclamo por los fondos viales con el estado de la infraestructura caminera provincial. En ese sentido, cuestionó la falta de mantenimiento y controles de peso sobre camiones, al considerar que el tránsito de vehículos de carga tiene un impacto significativo sobre la conservación de las rutas.
El espacio político sostuvo que la falta de inversiones y controles habría contribuido al deterioro de la red vial y reclamó explicaciones sobre el destino de los recursos previstos específicamente para esa finalidad.
También cuestionaron el funcionamiento del Consejo Provincial de Tránsito
La presentación ante la FIA se suma a un planteo que Comunidad Organizada había realizado anteriormente en la Cámara de Diputados, donde solicitó la presencia de integrantes del Consejo Provincial de Tránsito.
El organismo está integrado, entre otros funcionarios, por el ministro de Seguridad, el jefe de Policía, el presidente del Directorio de Vialidad Provincial y el director de Transporte y Comunicaciones. El objetivo del pedido era consultar sobre el uso y destino del Fondo Provincial de Vialidad y otros aspectos vinculados con la política vial.
En esa oportunidad, también plantearon cuestionamientos sobre el sistema de Revisión Técnica Vehicular y reclamaron avanzar en una eventual desregulación mediante la incorporación de talleres y concesionarias, con el argumento de ampliar la oferta y reducir costos cuando el sistema sea obligatorio en la provincia.
Según Comunidad Organizada, aquel pedido de informe fue rechazado por el bloque oficialista de la Cámara de Diputados, situación que el partido interpreta como una falta de explicaciones por parte de los funcionarios responsables.
Críticas a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas
Finalmente, Comunidad Organizada cuestionó el funcionamiento de la propia Fiscalía de Investigaciones Administrativas y reclamó que el organismo actúe con independencia.
Desde el partido afirmaron que, en presentaciones realizadas anteriormente sobre presuntas irregularidades en la administración provincial, se habría impedido a denunciantes acceder a los expedientes para tomar vista de las actuaciones.
En ese sentido, expresaron su preocupación por lo que consideran posibles presiones sobre un organismo constitucional encargado de investigar hechos que puedan afectar el patrimonio público provincial.
La denuncia presentada ahora ante la FIA busca que se determine el destino de los recursos vinculados al Fondo Provincial de Vialidad y si existieron incumplimientos en su administración durante los últimos años.