Mentiras y crueldad, así opera el Gobierno de Ziliotto en políticas de niñez
Este lunes, Santa Rosa fue escenario de uno de esos momentos.
Un bebé de ocho meses, al que la propia estructura de Niñez del Gobierno de La Pampa había colocado meses atrás en una familia de contención de Rancul, terminó siendo retirado de ese hogar después de haber sido criado todo este tiempo por Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani. No se lo llevaron simplemente de una casa: lo arrancaron de los brazos de las únicas personas que conocía como referencia cotidiana, afectiva y familiar.
Y lo hicieron de una manera que debería avergonzar a cualquier funcionario que tenga alguna responsabilidad sobre las políticas de infancia.
Siete meses de amor y después, un operativo
La historia comenzó cuando la Dirección de Niñez necesitó una familia que recibiera al pequeño. Díaz y Pizzani ya integraban el programa de Familias de Contención y aceptaron hacerse cargo. El bebé llegó con apenas semanas de vida y permaneció con ellos durante aproximadamente siete meses.
Durante ese tiempo lo alimentaron, lo cuidaron, lo llevaron a controles, lo acompañaron en sus primeros meses de vida y construyeron con él un vínculo afectivo profundo.
Pero hubo algo que el Estado pampeano parece haber preferido ignorar: esa familia ya había manifestado su voluntad de dejar de ser simplemente una familia de tránsito y avanzar hacia la adopción.
Cuando llegó el momento de definir el futuro del niño, comenzó el conflicto.
La familia sostuvo que quería adoptarlo. La Justicia abrió distintas instancias. Hubo presentaciones, cautelares, recursos y decisiones contradictorias. Incluso una jueza, Alicia Paola Loscertales, había dispuesto una medida que permitió que el bebé permaneciera junto a Díaz y Pizzani. Esa magistrada fue posteriormente trasladada de manera sorpresiva a su cargo anterior en 25 de Mayo, una decisión que desde el entorno de la familia fue interpretada como una represalia.
En julio, la propia jueza Ana Clara Pérez Ballester dispuso que intervinieran la Fiscalía de Estado y el gobernador Sergio Ziliotto ante las presuntas irregularidades denunciadas en la Dirección de Niñez.
Es decir: el propio expediente judicial dejó expuesto que había cuestiones sobre el funcionamiento del organismo provincial que merecían ser examinadas.
Y llegó el lunes
El lunes 7 de septiembre, Joaquín y Ana Laura viajaron temprano a Santa Rosa para presentarse ante las autoridades y plantear que no entregarían al niño mientras consideraban que todavía existían vías judiciales abiertas.
Después emprendieron el regreso hacia Rancul.
Pero en Eduardo Castex fueron interceptados por la Policía.
La escena que siguió fue de una gravedad pocas veces vista alrededor de un procedimiento de Niñez en La Pampa. El bebé terminó siendo trasladado nuevamente hacia Santa Rosa en un vehículo policial, mientras la familia era separada del niño.
Finalmente, en la sede de la Dirección de Niñez de la capital pampeana, Joaquín quedó afuera.
Solo permitieron ingresar a Ana Laura con el bebé.
Y cuando el padre intentaba acercarse, según pudo observarse durante la cobertura en vivo de InfoTec 4.0, se produjeron momentos de tensión, gritos, corridas y desesperación. El padre quedó esperando afuera mientras desde el interior se desarrollaba el operativo.
Después ocurrió lo más doloroso.
El bebé fue sacado del lugar por otra salida, sin permitirle a Joaquín siquiera darle un último beso después de siete meses de haberlo cuidado.
No hubo una despedida humana.
No hubo un gesto de empatía.
No hubo siquiera la delicadeza elemental de permitir que un hombre que durante meses había ejercido de padre de hecho pudiera despedirse del niño que había criado.
Hubo puertas, policías, funcionarios, tensión y un bebé llorando.
¿Dónde quedó el interés superior del niño?
Esta es la pregunta que el Gobierno de La Pampa debería responder.
Porque resulta muy sencillo invocar el “interés superior del niño” cuando se redacta un expediente.
Lo difícil es sostenerlo cuando hay que actuar frente a un bebé que llora en brazos de una persona desconocida, mientras quienes lo criaron durante siete meses quedan afuera de una dependencia estatal.
El Estado puede tener leyes.
Puede tener protocolos.
Puede tener funcionarios.
Puede tener jueces.
Puede tener expedientes de cientos de páginas.
Pero ninguna burocracia puede transformar la crueldad en sensibilidad simplemente porque la inscriba dentro de un procedimiento administrativo.
Y lo ocurrido este lunes obliga a preguntarse si detrás de tanta formalidad jurídica no se perdió precisamente aquello que debería estar en el centro de cualquier política de infancia: el niño.
Pérez Ballester y el antecedente que nadie debería olvidar
En esta historia aparece nuevamente el nombre de la jueza Ana Clara Pérez Ballester.
No es un dato menor.
Pérez Ballester fue la magistrada que intervino en el expediente relacionado con el cuidado personal de Lucio Dupuy. Su actuación en aquella causa derivó en una acusación por presunto mal desempeño y en un jury de enjuiciamiento, después de que Lucio fuera asesinado por su madre y la pareja de ella, quienes posteriormente fueron condenadas a prisión perpetua.
La magistrada fue finalmente absuelta por mayoría en diciembre de 2023.
Ese antecedente no permite afirmar que exista una relación entre aquella causa y la decisión adoptada ahora en el caso del bebé de Rancul. Sería irresponsable hacerlo.
Pero sí permite formular una pregunta legítima y profundamente incómoda: ¿qué aprendió el sistema pampeano de aquella tragedia cuando hoy vuelve a intervenir sobre la vida de otro niño?
Porque después de Lucio Dupuy, en La Pampa ya nadie puede decir que las decisiones vinculadas con niños son simples trámites de papeles.
Cada decisión pesa.
Cada omisión pesa.
Cada funcionario que interviene debe saber que está decidiendo sobre la vida de un niño.
El Gobierno no puede esconderse detrás de la Justicia
Hay algo más que resulta imposible ignorar.
El Gobierno de Ziliotto no puede pretender que todo lo ocurrido es exclusivamente responsabilidad de la Justicia.
La Dirección de Niñez es un organismo del Estado provincial.
Es el mismo organismo que convocó a esta familia para cuidar al bebé.
Es el mismo organismo que conocía el vínculo construido durante meses.
Es el mismo organismo que ahora participó del operativo para retirarlo.
Y es el mismo Estado que, en lugar de buscar una salida humana, terminó protagonizando una escena de enorme violencia emocional.
Las abogadas de la familia, denunciaron al salir del edificio que habían sido intimidadas y responsabilizadas por cualquier situación que pudiera producirse en la calle. Ese señalamiento deberá ser explicado y, si corresponde, investigado.
Porque una cosa es hacer cumplir una resolución judicial.
Otra muy diferente es amedrentar a quienes ejercen la defensa de una familia.
“La mafia”
Joaquín, desesperado y entre lágrimas, habló de una “mafia” detrás de la Dirección de Niñez y Adolescencia.
Es una acusación gravísima y, como tal, deberá ser demostrada si pretende transformarse en una denuncia concreta.
Pero hay algo que el Gobierno tampoco puede hacer: fingir que no escucha el enorme malestar social que existe alrededor de este caso.
Durante horas, miles de personas siguieron las imágenes transmitidas por InfoTec 4.0.
Hubo vecinos, familiares, dirigentes, legisladores y ciudadanos comunes observando en tiempo real lo que estaba ocurriendo.
Y la reacción fue inmediata.
No porque todos conozcan el expediente.
No porque todos compartan la posición de la familia.
Sino porque existe una diferencia que cualquier persona puede comprender: una cosa es cumplir una resolución y otra es hacerlo con crueldad.
Un niño no es un expediente
Esta noche el “bebé de Rancul” dormirá lejos de los brazos que durante siete meses fueron su mundo cotidiano.
No conocemos qué entenderá ese niño de todo lo ocurrido.
Probablemente nada.
Pero sí sabemos algo: conoce voces, olores, rutinas, rostros y brazos.
Y esos brazos fueron los de Joaquín y Ana Laura.
El Estado pampeano podrá decir que cumplió una resolución judicial.
Podrá mostrar expedientes.
Podrá exhibir sellos.
Podrá explicar procedimientos.
Pero ninguna de esas cosas responde la pregunta esencial:
¿Era necesario hacerlo así?
¿Era necesario interceptar a la familia en la ruta?
¿Era necesario trasladar al bebé en un patrullero?
¿Era necesario impedir que el padre lo acompañara?
¿Era necesario mantenerlo separado de quien lo cuidó durante meses?
¿Era necesario impedirle un último beso?
¿Era necesario sacarlo por otra puerta?
Si la respuesta del Estado es que todo eso era inevitable, entonces estamos frente a un problema todavía más grave.
Porque significaría que el sistema de protección de la infancia que administra el Gobierno de La Pampa es incapaz de encontrar una manera humana de proteger a un bebé.
Y si no era inevitable, entonces alguien deberá explicar por qué eligieron hacerlo de esa manera.
Lo que ocurrió hoy no debería quedar reducido a una entrega administrativa.
Debería ser un punto de inflexión.
Porque el caso del bebé de Rancul dejó al descubierto algo que excede a Joaquín, Ana Laura, Niñez y a la propia Justicia.
Dejó al descubierto una estructura estatal que, cuando se queda sin respuestas, parece refugiarse en el poder de una orden, en la fuerza de una patrulla y en la frialdad de una puerta que se cierra.
Y cuando una política de niñez termina con un bebé llorando, un padre desesperado afuera y una familia destruida después de haber cumplido durante meses con la tarea que el propio Estado le pidió, algo está profundamente mal.
Mentiras y crueldad.
Así no se protege a un niño.
Así no se construye una política de infancia.
Y así tampoco se gobierna una provincia que pretende hablar de derechos.