Ese incumplimiento, obligó al Estado a prohibir el cese de comercialización entre el 29 de enero y el 11 de febrero de este año. Finalmente la fundación, integrada por 92 empresas productoras de fitosanitarios, construyó dos de los tres centros previstos, en Barón y Alta Italia. El restante, en Macachín, está demorado: falta definir el terreno. “Le hemos dado un tiempo para terminar Macachín", dijo. "No hay un plazo determinado, pero esperemos que lo terminen pronto. Y esperemos que, mientras tanto, se vaya aceitando la ley y se empiecen a ver los resultados en el corto plazo”.

“Lo estamos analizando”, dijo el subsecretario, al responder a la prensa si prevén aplicar una sanción económica a la fundación, antes de ingresar a participar del inicio del debate del proyecto para la Ley Integral de Gestión de Plaguicidas que ha puesto en alerta a los ruralistas.

 Además, defendió la medida que cosechó críticas de los productores rurales. “Lo que hizo el Ejecutivo fue aplicar una ley, que estaba vigente y que no tenía otra opción”, agregó.

Incluso dijo que esa medida fue aplaudida en una reciente reunión con funcionarios de otras provincias. “Fue llamativo, distintivo, porque ninguna provincia, a excepción de La Pampa, lo hizo. Pero todos nos reconocen que es el momento de empezar a cambiar la situación”, sostuvo Tittarelli. “Por eso los productores, más que enojarse con cumplir una ley, se deberían enojar con los que incumplieron”, lanzó.

 A su vez, dijo que la nueva Ley Integral de Plaguicidas, que comenzó a debatirse en la Legislatura pampeana, tendrá “impacto” en la forma de hacer las aplicaciones de fitosanitarios en los campos y que se incrementarán los controles.

“La nueva ley va a tener impacto en las prácticas, en las distancias donde se pueden aplicar en los pueblos y en los controles: que a la hora de comprar un agroquímico que no sea lo mismo que sea comprar un bidón de agua mineral”, sostuvo.

Gentileza: Diario Textual