La audiencia fue realizada en dicha ciudad mediante la aplicación Whatsapp Web y el juez de control, Alejandro Gilardenghi, resolvió que el imputado permanezca con prisión preventiva hasta la finalización del proceso.

La decisión del magistrado fue adoptada como consecuencia de un pedido de la fiscala María Verónica Campo, quien lo acusó del delito de atentado contra la autoridad; resistencia o desobediencia a la autoridad y el artículo 205 del C.P., referido a quien viole medidas que se adopten para impedir la propagación de una epidemia.

Ávila violó ayer por la noche el aislamiento obligatorio, establecido por el decreto 297/ 2020 del Poder Ejecutivo Nacional, al circular en un auto por la vía pública y ante la voz de alto de la policía, darse a la fuga. Su recorrido finalizó en un domicilio de  calle 442 bis, donde portando un objeto contundente (un caño tipo gas color gris) se abalanzó sobre el personal policial repeliendo su accionar y posteriormente ingresó a la vivienda.

Al igual que lo ocurrido hoy en Santa Rosa, lo novedoso de la audiencia radicó en que se tramitó de manera remota, sin declaraciones ni audiencias presenciales y con la participación no solo de Gilardenghi, Campo y el defensor oficial Alejandro Caram, sino además de empleados de la Oficina Judicial y de las Unidades dependientes del Ministerio Público Fiscal.

Así, el juez y los dos funcionarios tomaron parte de la audiencia desde sus domicilios particulares y Ávila lo hizo desde la Comisaría Primera, donde permanece detenido.

Incluso todas las diligencias previas de la investigación –antes de llegarse a la formalización– se cumplieron vía telefónica y/o a través de videollamadas de Whatsapp entre las diferentes partes.

 Otras dos.

 Además de esa audiencia, y usando los mismos métodos tecnológicos, se realizaron otras dos formalizaciones hoy en General Pico. Una por la violación de un domicilio en Rancul y otra por un caso de privación ilegítima de la libertad en General Pico. En ambas causas también intervinieron Gilardenghi, Caram y la fiscala de género, Ivana Hernández.

Los tres se conectaron a través de videollamadas de Whatsapp, lo mismo que los imputados; uno desde la comisaría de Rancul y el otro desde la Comisaría Tercera  de General Pico.