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Los intendentes del Roca coincidieron en la necesidad de que ahora los controles sean más estrictos sobre las rutas.
Los intendentes de la Comunidad General Roca solicitarán presencia policial para reforzar los accesos en las rutas nacionales y provinciales que atraviesan por esta jurisdicción y de esta manera aliviar la tarea que realizan los puestos en cada localidad y que insume grandes erogaciones a las resentidas arcas municipales y el agotamiento del escaso personal disponible.
Puntualmente, la solicitud es que la Policía disponga controles sobre rutas nacional N° 35, y provinciales 26 y 27, con lo cual consideran que podrán blindar el departamento del Covid-19.
Ayer, los mandatarios se reunieron en Jovita y analizaron la situación derivada de la cuarentena.âEn ese marco, coincidieron que urge poner atención en los controles y evitar que se vulnere la categorización que hoy tiene el departamento, de “zona blanca”.
Darío Ardiles, intendente de Villa Valeria y presidente del organismo regional, informó que se elevará una nota al COEâCentral y autoridades policiales a fines de solicitarles que implementen controles sobre las rutas del Departamento General Roca, de manera tal que queden blindados los accesos a esta región bajo control policial.
“La iniciativa apunta a seguir conservando el título de zona blanca. Nosotros somos pueblos que no tenemos el virus y solamente va a llegar a través de las rutas”, señaló el intendente. Y agregó: “Entonces pensamos que reforzando controles en esos lugares, sabiendo que la Policía, según sus propias manifestaciones, no cuenta con recursos humanos suficientes en cada localidad, creemos que les facilitaría establecer los puntos en el Departamento, que les llevaría además menos personal”, señaló Ardiles.
En la actualidad, cada población tiene controles en sus accesos con personal municipal y voluntarios, pero ello insume recursos de los municipios que hoy no tienen. De lograr la autorización del COE y, la disposición de la Policía, se haría un cerrojo sobre los accesos al Departamento por las rutas principales.
Otro tema debatido por los mandatarios fue la reactivación del Juzgado de Faltas y los costos operativos de este organismo. La idea es que sea absorbido por los municipios y comunas, ya que si bien debería ser solventado por la Dirección de Tránsito, la demora en el envío de los fondos obliga a que sean los gobiernos locales los que se hagan cargo. “Podíamos financiarlo con los recursos de los municipios que integraban la planta de residuos, pero se nos hace imposible”, aseguró Ardiles.
Por último, y con respecto a la controvertida Planta de Tratamiento de Basura instalada en Huinca, que está totalmente saturada, ahora los intendentes evalúan dos procesos. Uno, puramente relacionado con estas instalaciones y que apunta al reciclado, y un proyecto regional donde cada municipio asumirá ante la Provincia el compromiso de trabajar con un programa propio que debe ser presentado ante el Área de Ambiente para mejorar en el tratamiento de residuos.
El tema seguirá siendo analizado en los próximos encuentros.
