Según informaron fuentes oficiales, la persona rescatada “durante 12 años realizó tareas rurales en el campo allanado, donde vivía en condiciones inhumanas". A causa de este procedimiento, inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP), pudieron detectar situaciones de explotación laboral, trata de personas y empleo no registrado, cargos que deberá enfrentar el propietario del establecimiento.

El individuo, que será reubicado para garantizar sus derechos, indicó que el dueño del campo le entregaba $1.500 mensuales, a modo de remuneración.

En el procedimiento participó Gendarmería Nacional, la Dirección de Seguridad Social de la AFIP y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

Gentileza: En boca de todos