La jueza civil de primera instancia, Susana Fernández, hizo lugar a la tutela anticipatoria solicitada por un peón rural que sufrió la amputación de una pierna y un brazo, y otras lesiones físicas y psíquicas, a raíz de un siniestro vial. Se trata de una medida que un juez puede adoptar, antes de dictar la sentencia, con el fin de evitarle perjuicios irreparables a la víctima.
Judiciales 07 de septiembre de 2020
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En este caso específico Fernández, titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería 1 de Santa Rosa, sostuvo que existe una “urgencia impostergable” para adoptar esa decisión, debido a la gravedad del cuadro de salud y los daños irreparables que sufriría el alambrador si tuviera que esperar el dictado del fallo definitivo.
Agregó que los jueces deben tener especial cuidado cuando las cuestiones sometidas a su conocimiento tienden a remediar un agravio a la integridad de la persona tutelada por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso habló de la necesidad de una cobertura asistencial “inmediata, urgente e impostergable”.
En el expediente se incorporó, además, la sentencia penal dictada a mediados de año –a través del procedimiento de juicio abreviado–, en la cual el demandado aceptó su responsabilidad en el siniestro ocurrido a fines del año pasado en la ruta nacional 35. ¿Qué hizo? Efectuó una maniobra de sobrepaso en un sector prohibido, con su auto, e impactó contra el demandante, que circulaba en una moto Corven.
Si bien, tanto el demandado como su compañía aseguradora rechazaron el pedido de la medida anticipatoria –incluso la aseguradora argumentó que solo estaba obligada a cubrir gastos hasta 45.000 pesos–, la magistrada le ordenó a ambos proveerle a la víctima la suma necesaria para adquirir una silla de ruedas y el equipamiento protésico (prótesis trasnfemoral izquierda y prótesis transhumeral izquierda) y para afrontar los gastos comprometidos en su alojamiento, subsistencia, traslados y alquiler de la silla de ruedas. La resolución de Fernández fue apelada y, por lo tanto, no está firme.
"Urgencia impostergable"
Esta medida protectoria urgente está prevista en el artículo 231 del Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa y estipula que, a diferencia de las medidas cautelares ordinarias, para dictarle debe existir una “urgencia impostergable”.
Según dice la resolución, es “una de las vías aptas para asegurar el adecuado servicio de justicia, pues procuran evitar que por la dilación del tiempo en el trámite del juicio” la sentencia termine siendo inoperante. Ello no implica, añade el texto, un prejuzgamiento.
Fernández consideró que las pruebas aportadas por el demandante (informes médicos, copia de la sentencia penal, certificado de discapacidad, etc.) fueron suficientes para pronunciarse en tal sentido.
Incluso remarcó que el alambrador –que permanece en Santa Rosa– tiene 28 años, es un trabajador rural migrante y ni siquiera cuenta con respaldo afectivo familiar ya que es oriundo de una provincia mesopotámica. Todo ello, subrayó la jueza, demuestra a priori “los escasos recursos económicos con los que cuenta para afrontar los costos para el restablecimiento de su salud; tanto de alojamiento prolongado (está en un hotel con una habitación adaptada para personas con discapacidad), como los necesarios para la provisión de los elementos ortopédicos prescriptos”.
La demanda de fondo por daños y perjuicios del peón es por una suma millonaria –contra el causante del siniestro y la compañía aseguradora–, ya que se quedó sin empleo y las posibilidades de conseguirlo a futuro se le redujeron sustancialmente. Pero ese será otro capítulo del expediente; y se conocerá cuando Fernández dicte la sentencia.
Durante un acto organizado en el Edificio Judicial de General Pico, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Roberto Sappa, les tomó juramento a cuatro funcionarias que asumieron sus cargos como sustitutas en la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial.
El Tribunal de Impugnación Penal confirmó hoy la condena a Magdalena Espósito Valenti por el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico y abuso sexual gravemente ultrajante ambos agravados por tratarse de la ascendiente y por haberse cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado. La víctima fue su propio hijo, Lucio Abel Dupuy, quien falleció el 26 de noviembre de 2021.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el juez de control de General Pico, Heber Pregno, condenó a Juan Mauricio Cabaña, de 39 años de edad, como autor material y penalmente responsable del delito de amenazas simples -dos hechos - en concurso real; a la pena de nueve meses de prisión de efectivo cumplimiento, manteniendo su condición de reincidente.
El Superior Tribunal de Justicia dio vía libre para que desalojen a un hombre, de la Comunidad Ranquel Epumer, que alquiló un campo y pretendía quedarse con el mismo invocando la Ley 2222, que evita los desalojos de puesteros del oeste pampeano.
Un empleado de la Municipalidad de Santa Rosa fue condenado hoy a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargo o empleo público, por ser autor del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, agravado por su condición de empleado comunal.
El 7 de marzo la justicia pampeana descartó la comisión de delitos en torno a la muerte del exintendente de Eduardo Castex. Magalí Mansilla, la mujer que fue investigada por ser la última que tuvo contactos con el fallecido, recuperó los elementos secuestrados y nunca estuvo imputada en la causa judicial.
Una mujer y una niña fueron hospitalizadas tras caer de la moto en la cual se movilizaban por la calle España, en el tramo adoquinado frente al municipio local, al costado del mástil de la bandera. Fue por una falla mecánica en el rodado.
Los restos de Omar Cabrera fueron encontrados dentro de una bolsas en la localidad de Las Rabonas, Córdoba.
La Comisión de Fomento de Quetrequén, informó sobre la importancia del Cumelén, un espacio de contención y recreación para los adultos mayores que desde hace años se afianza en la pequeña localidad norteña que conduce el Lic. Juan Pablo Resio.
El Dr. Emiliano Bazar, encargado del Registro de la propiedad del Automotor de Realicó, se refirió a la situación de las entidades registrales, admitió la tensión con el Ministerio de Justicia de la Nación del cual dependen y aseguró que el funcionamiento de los registros no le genera gastos al Estado.
Cuatro hombres fallecidos y otro herido llegaron a la guardia del Hospital Municipal de Bahía Blanca, luego de ser trasladados en el interior de una camioneta por otra persona que escapó del lugar pero luego fue detenida.
