Esta tarde el Senado de la Nación comenzará a dar curso a dos leyes que en la Casa Rosada entienden como fundamentales de cara al 2021, a las elecciones y recomponer la relación con un sector de la sociedad: la clase media.

A partir de las 14, y luego de que la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner llame a un senador para izar la bandera, comenzará a tratarse los tres proyectos de ley que están en la agenda.

La jornada comenzará con un proyecto de ley venido en revisión de las senadoras Elías de Perez y Tagliaferri y el senador Marino sobre la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos.

En segundo término comenzará a debatirse en el recinto la ley que exime del pago de ganancias a trabajadores y jubilados con ingresos de hasta 150.000 pesos brutos y hasta ocho jubilaciones mínimas para los jubilados y pensionados que fue presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y aprobada en la sesión realizada durante un fin de semana en la Cámara baja.

La norma cuenta con el apoyo de Juntos por el Cambio que, de todos modos, reclama algunas modificaciones y también discute algunos de los aspectos técnicos porque la ley sólo modifica el piso y no el resto de las escalas.

Pero, a pesar de esta discusión, al igual que lo que sucedió en la Cámara de Diputados, la iniciativa será aprobada por amplia mayoría.

Una vez aprobada, llegará el turno de otro proyecto de ley que cuenta con media sanción y que fue enviado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que modifica el paso del régimen simplificado o monotributo al de responsable inscripto.

El proyecto de ley que ingresó en enero al Congreso se viene a sumar a las mejoras en la escala de Ganancias y apunta a un sector de la clase media ya que propone dos herramientas. La primera, para los que luego de la suspensión de la exclusión que comenzó en octubre de 2019, y que aún se mantiene, deberán afrontar una deuda devengada muy importante. La segunda, para el largo plazo, es un nuevo régimen que haga que el pasaje de monotributista a autónomo sea más simple y menos costoso.

En el primero de los casos el proyecto de ley establece que a aquel monotributista que se haya pasado hasta un 25% de la facturación se le va a ofrecer la oportunidad de volver a la categoría del monotributo. En el caso de que el exceso de ese 25% sea anterior al 31 de diciembre de 2020, va a poder computar 50% del crédito fiscal presunto. Si así fuese, para un monotributista que se pasó en un 40% la ecuación quedaría con que sin esta norma deberá afrontar una deuda de 1.360.000 pesos pero que, de aprobarse, deberá enfrentar un pago de 649.882 pesos.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca “aliviar la carga” de los contribuyentes que son excluidos del Régimen Simplificado que al pasar al Régimen General acumulan deudas fiscales muy difíciles de afrontar.

En muchos casos el tiempo transcurrido entre la causal de exclusión y el momento en el cual el contribuyente toma conocimiento de que incumplió algún requisito para continuar siendo monotributista puede ser mayor de un año. En estos casos, el contribuyente suele no tener la capacidad financiera necesaria para afrontar la carga tributaria consecuencia de la exclusión.

A partir de esto es que la norma va a “generar un puente entre el Régimen Simplificado (RS) y el Régimen General (RG), con la intención de resolver uno de los problemas más complejos del monotributo: la diferencia de la carga tributaria entre ambos termina actuando como una traba para que los contribuyentes asuman la transición entre ambos regímenes”.

Los beneficios asociados al puente son mucho más extensos (beneficios fiscales por tres años) para aquellos que pasen voluntariamente al RG, con el objetivo de inducir al contribuyente a no esperar a ser detectados por la AFIP para cambiar de régimen. En definitiva, se intenta igualar (mediante reducción proporcional del IVA y del Impuesto a las Ganancias) los montos a pagar entre el RS y el RG, en especial si el contribuyente decide voluntariamente la transición.

Un punto a tener en cuenta es que una vez que se apruebe la norma y comience a regir, va a resolver un problema transitorio de actualización del monotributo durante 2021, como consecuencia de la suspensión del índice de movilidad previsional, que es el previsto en la normativa vigente para su actualización. En este aspecto, además, el proyecto contempla la forma de resolver la actualización retroactiva al primero de enero minimizando los inconvenientes que podría acarrear a los contribuyentes.

Gentileza: Infobae