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La provincia de San Luis procederá a la destrucción de armas de fuego secuestradas cuyas causas ya concluyeron, para lo cual avanzará en la firma de un convenio con el Poder Judicial.
Esta acción puede realizarse gracias a la aprobación en noviembre pasado de la ley provincial que establece la destrucción o reutilización con fines de interés público de las armas de fuego secuestradas o decomisadas por orden judicial o administrativa, en consonancia con la Ley Nacional Nº25.938.
El gobierno provincial explicó que se trata de armas que son secuestradas por la Policía, puestas a disposición de la Justicia y que, una vez realizadas las pericias correspondientes, quedan almacenadas en depósitos provinciales. “Esto no es bueno, porque esas armas pueden desaparecer, ser robadas o terminar siendo utilizadas en hechos violentos o en el mercado ilegal”, explicó la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, durante una visita al Banco Nacional de Materiales Controlados (Banmac).
Actualmente existen solo dos provincias que nunca enviaron armas secuestradas para su destrucción: Formosa y San Luis.
Sosa explicó que el procedimiento prevé que personal del Banco Nacional de Armas se traslade a la provincia para retirar las armas custodiadas por la Policía de San Luis, acompañando todo el proceso hasta su destrucción final.
En ese sentido, detalló que primero se procede a la inutilización del arma en el banco, luego se embala en cajones especiales y finalmente se envía a una empresa encargada de su destrucción total, donde el material es reutilizado de acuerdo a las características del acero.
