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Piera Fernández, alumna de la Licenciatura en Ciencia Política y presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, resultó elegida junto con 32 estudiantes de diferentes universidades de Latinoamérica para participar de un programa de formación, desarrollado por la Fundación Botín, con sede en España.
La propuesta tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las instituciones y a la mejora del desarrollo social, económico y sostenido de la región, fomentando que más de los mejores jóvenes universitarios latinoamericanos se comprometan con el avance de sus sociedades desde lo público.
Dicho programa de formación comenzará con una fase online y continuará con el trabajo en España (Madrid, Santander, Camino de Santiago y Salamanca). Tras lo cual, el grupo se trasladará a Bogotá, Colombia, donde tendrán una estancia formativa en la Universidad de los Andes.
En la convocatoria se presentaron más de 3.000 jóvenes de universidades de toda América Latina y, posteriormente se seleccionaron solamente 32, entre ellos 5 de Argentina.
“Siento una emoción enorme, ha sido una convocatoria larga y muy demandante que he vivido como un proceso de aprendizaje, pero fundamentalmente como la suma de un trabajo colectivo que he desarrollado durante mi vida y en particular durante mi paso por la Universidad”, destacó Piera Fernández.
Y agregó: “Llegué a esta convocatoria gracias a Luciana Modica, quien es ya graduada de mi carrera y fue becaria de este programa. También organizamos una jornada de difusión de esta convocatoria desde el Centro de Estudiantes”.
Además, señaló que “nada de esto hubiese sido posible si no tuviese las herramientas y la formación que me ha aportado la carrera de Licenciatura en Ciencia Política, mis compañeros y la militancia social y política”.
“Todo va formando parte de mi experiencia y de mi vida, por eso estoy agradecida con autoridades, docentes, compañeros y compañeras que me han acompañado en este proceso de la convocatoria”, consideró.
“Mi intención es dedicarme a la función pública porque entiendo que al Estado hoy no sólo le hace falta la incorporación de herramientas de gestión innovadoras, creativas y eficientes sino también un componente de mayor transparencia y de mayor participación ciudadana”, finalizó Fernández.
El papel de la perspectiva de género en la Justicia
Se desarrolló el tercer módulo de la cuarta edición de la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarias/os contra la Violencia de Género que lleva adelante el Ministerio de la Mujer.
En este encuentro, bajo el tema “Género y Justicia” se analizó la historia del reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos, su incorporación a la legislación argentina, su aplicación en la Justicia, la perspectiva de género en el derecho, y también se compartieron reflexiones sobre casos paradigmáticos.
“Es importante este espacio que se genera en la diplomatura para poder revisar este vínculo entre género y Justicia, ver cuáles son las articulaciones entre las áreas de los poderes Ejecutivo y Judicial y también con organizaciones internacionales”, reflexionó la ministro de la Mujer, Claudia Martínez.
“La mujer, sus hijas e hijos deben ser el centro de todas las intervenciones para dar respuesta a las situaciones de violencia”, enfatizó.
La primera expositora fue Agustina Olmedo, secretaria del Tribunal Superior de Justicia, a cargo de la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar, quien explicó el trabajo articulado que lleva adelante Córdoba, una provincia que coordina políticas entre el Poder Ejecutivo y Judicial para combatir la violencia de género, refiriendo mecanismos y recursos disponibles.
Otra mirada
Por su parte, la especialista Susana Chiarotti, directora del Insgenar e integrante del comité de expertas de OEA, se refirió a cómo se fue incorporando la violencia contra la mujer en el discurso de los derechos humanos.
“En Viena se produjo un antes y un después en el discurso de derechos humanos: dijeron con todas las letras que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos; y se establece la obligación del Estado de prevenirla, sancionarla y erradicarla”, destacó.
El fiscal Marcelo Hidalgo, a su turno, se refirió a la perspectiva de género en los sistemas de persecución y juzgamiento de delitos; compartiendo el análisis de casos junto a su asistente, Juan Manuel De Domingo.
Ambos coincidieron en la necesidad de operativizar las prácticas en las agencias públicas y privadas (efectores/as de salud, de educación, etcétera) que intervienen en los procesos de violencia familiar o de género para que sean volcadas desde el inicio en el acompañamiento de quienes sufren los hechos delictivos.
A continuación, disertó el fiscal Guillermo González, quien puso de relieve que la incorporación de la perspectiva de género en la administración de Justicia es un imperativo legal.
“Esto que vemos como excepcional debería ser la regla porque así lo manda nuestra Constitución”, dijo. También analizó que en la actualidad se desarrolla un proceso de deconstrucción de mandatos patriarcales necesario porque “la ley va por un lado y la cultura por otro”.
Redacción Puntal y Prensa UNRC
