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El ex ministro de Planificación Julio De Vido fue condenado hoy a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la compra de trenes de rezago a Portugal y España.
El tribunal oral federal número 6 dictó la condena tras un proceso en el que también compareció el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, también condenado pero en su caso a ocho años de prisión y una multa de casi 15 millones de pesos.
El tribunal absolvió a De Vido del delito de enriquecimiento ilícito, puesto que no hubo acusación fiscal en su contra.
El ex ministro fue condenado como “coautor penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa compra de trenes a España y Portugal”.
Jaime, en tanto, fue condenado a ocho años, multa de 14.991.385 pesos e inhabilitación absoluta y especial perpetua para ejercer cargos públicas por el delito de “enriquecimiento ilícito de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en calidad de coautor y cohecho en calidad de autor”.
Manuel Vázquez, colaborador de Jaime e investigado como uno de sus presuntos testaferro, fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión y multa de 10.986.664,23 pesos, más la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
El fallo dispuso decomisar diez bienes (propiedades y rodados, además de dinero en efectivo) atribuidos a Jaime , pero rechazó una medida similar con otros tres: un lote en el Country Camino Real, del partido de San Isidro; un inmueble en Jureré y otro en Porto Alegre, ambos en Brasil.
En el juicio también fueron condenadas una hija de Jaime, Julieta, a dos años y cuatro meses más una multa de 250 mil pesos; a su ex esposa, Silvia Reyss, a tres años y multa de un millón, y a su ex consuegra, Graciela Vigna.
Otros imputados fueron condenados todos a penas de prisión en suspenso.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Fernando Canero, Julio Panelo y Ricardo Basílico, y la acusación estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Baigún.
