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La fiscal de instrucción de Villa María Juliana Companys ordenó la prisión preventiva del líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, y de otras 13 personas por asociación ilícita y estafas reiteradas.
Es la causa más grande que afronta el empresario que fue detenido en República Dominicana y quien además tiene sendos procesos judiciales en Corrientes, la Capital Federal y ahora será trasladado a Rosario.
En la ciudad santafesina, las estafas también estaban asociadas a préstamos en dólares que recibía Zoe para lo cual prometía jugosos intereses y ya declararon varias víctimas.
Se prevé que el fiscal Mariano Ríos va a imputarlo la próxima semana a Cositorto y otras personas.
En tanto, en Córdoba, también se ordenó la preventiva de las personas del riñón de Cositorto: Maximiliano Batista y Claudio Álvarez, además de las de prisión preventiva para Silvana Abellonio, Silvia Fermani, Ivana Álvarez, Silvio Schamne, Florencia Anahí Álvarez, Agustín Pereno, Marcelo Valdez, Federico Moreno, Andrea Sánchez, Norman Prospero, y Gustavo Saavedra.
La medida de la fiscalía implica también la prisión condicional, más allá de que siguen siendo investigados, de Claudia Pereyra, Susana Luján, Martín Pereyra, René Udrizar, Cristian Delgado y Gabriela Álvarez.
Las estafas son en modalidad de estafa piramidal pues se ofrecían intereses muy rentables para aquel que hacía inversiones de dinero.
El mismo, se sospecha, era utilizado por Cositorto para financiar emprendimientos particulares y muchas víctimas nunca recibieron la devolución de los fondos.
Tanto en Córdoba como en Buenos Aires se realizaron varios allanamientos donde se encontraron miles de dólares y también los emprendimientos como ser Zoe Burguer, Zoe Mascotas, y Zoe Capital, entre otros.
Como parte de la imputación, está prófugo el exjuez en lo penal Héctor Yrimia, quien reside en Dubái y hace poco hizo una aparición televisiva, pero Interpol no pudo dar con él.
Tan sólo en la causa en Córdoba hay reconocidas 130 estafados aunque el propio imputado Álvarez reconoció que fueron en total 1.000 personas.
La fiscal Companys tiene secuestrados un millón de dólares y siete millones de pesos y, si bien sólo les imputó a los acusados 176 hechos, en las próximas semanas serán muchos más.
