La Cámara Federal de La Plata le había ordenado al juez que resuelva la situación procesal de los siete que no fueron autorizados a dejar el país
Nacionales22/09/2022
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El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, le pidió hoy al juez federal Federico Villena que cite a declaración indagatoria a cinco de los siete tripulantes del avión iraní-venezolano que llegaron al aeropuerto de Ezeiza el 6 de junio pasado. Los otros 12 tripulantes (un iraní y once venezolanos) se fueron del país la semana pasada en dos vuelos de la aerolínea Boliviana de Aviación (BOA).
En un escrito de 29 carillas, al que tuvo acceso Infobae, el titular de la DAIA reclamó que sean citados el piloto Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Saeid Valizadeh, Víctor Manuel Pérez (gerente general de Operaciones de Emtrasur) y Mario Arraga Urdaneta.
Según la querella, esos cinco tripulantes están sospechados de haber participado “en una operación comercial lícita con el fin de obtener dinero y/o bienes con la intención de ser utilizados o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar a organizaciones consideradas terroristas”.
En el caso del piloto, la prueba más valiosa en su contra sigue siendo el informe del FBI que lo vincula con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y con Hezbollah. “La Fuerza Quds ha tenido una larga historia apoyando la milicia de Hezbollah, paramilitares, y actividades terroristas, proveyendo liderazgo, financiamiento, armas, inteligencia, y soporte logístico. Las Fuerzas Quds operan un campo de entrenamiento para Hezbollah en el Valle de Bekaa en el Líbano y han reportado entrenamiento para más de 3.000 soldados en los cuarteles que tiene la Guardia Revolucionaria en Irán”, apuntó ese informe.
Para la DAIA, los tres iraníes “serían los nexos con las Fuerzas Quds y Hezbollah”.
En tanto, los dos venezolanos apuntados están sospechados de una serie de irregularidades financieras vinculadas a la carga del avión. Cuando tuvo que justificar la prohibición de salida del país, Villena mencionó la apertura de cuentas bancarias en Panamá y en Singapur, utilizadas para cobrar parte del dinero de los traslados.
A Pérez Goméz, además, la Justicia le secuestró una nota dirigida a Samir Maklad, quien “se trataría de una persona que podría estar vinculado a Hezbollah y que, de acuerdo a fuentes abiertas, la familia Maklad podría ser dueña del Aeropuerto Santiago Mariño de Nueva Esparta, ubicado en la República Bolivariana de Venezuela”.
Los cinco apuntados por la DAIA figuran entre los siete tripulantes que fueron retenidos por la Justicia argentina desde el comienzo de la investigación. La medida fue apelada por la fiscal Cecilia Incardona pero finalmente fue confirmada por la Cámara Federal de La Plata, que le permitió salir del país a los otros 12 tripulantes.
Jorge Knoblovits, titular de DAIA
Además de pedir las indagatorias, la DAIA cuestionó el plazo de diez días que le otorgó la Cámara al juez Villena para definir la situación procesal de los tripulantes que siguen en el país. “Ese límite resulta incomprensible y debería ser prorrogado por lo que solicito expresamente se requiera dicha prórroga a la alzada, conforme el legislador autoriza se haga cuando vence el plazo legal de investigación”, sostuvo la entidad a través de la abogada Marta Nercellas.
Y agregó: “Se encuentran pendientes medidas fundamentales y el tiempo para concluirlas no depende de la mayor o menor diligencia que le imprima el Tribunal, resolver sin ellas implica renunciar a reconstruir conceptualmente el hecho objeto del proceso”.
Aunque reconoció que se realizaron decenas de medidas de prueba, la Sala III de la Cámara Federal platense, integrada por los jueces Carlos A. Vallefín y Roberto Lemos Arias, apuró el trámite de la investigación y reclamó que en diez días se resuelva la situación de los tripulantes retenidos.
Para la DAIA, ese pedido “es de imposible cumplimiento”. “El plazo de diez días que se pretende imponer no sólo trunca la posibilidad de éxito, sino que resulta de imposible cumplimiento, ya que “las diligencias pendientes”, en una buena parte, no dependen de la premura que quiera imponerle V.S., por lo que requiero se solicite que sea ampliado”, dice la presentación.
La entidad judía cuestionó también el rol de los organismos estatales que intervinieron en el caso del avión de Emtrasur y sostuvo que recién actuaron cuando el gobierno de Uruguay se negó a recibir a la aeronave. “Durante tres días los tripulantes y la aeronave no fueron observados, conforme hubiera correspondido de conformidad con las alarmas internacionales vigentes”, dice la presentación. Y agrega: “Nada cambió desde los noventa, la misma improvisación en nuestros organismos de prevención; idéntica “chapuza” a la hora de cuidar los ingresos de personas y objetos a nuestro país; ni la legislación, ni los medios, ni traductores disponibles, ni capacitación a las fuerzas de seguridad; nada. Todo sujeto a tener suerte y pescar un indicio o esperar que la bomba explote y comenzar con las autopsias y los lamentos”.
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