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De los 19 tripulantes que llegaron a Buenos Aires en el avión de Emtrasur el 6 de junio pasado, solo cinco fueron citados a indagatoria bajo la acusación de haber financiado posibles actos terroristas. En los próximos días, el juez federal Federico Villena tiene que resolver su situación procesal, es decir, si los procesa, los sobresee o les dicta una falta de mérito.
Se trata del piloto Gholamreza Ghasemi, dos iraníes, y dos venezolanos que tienen cargos jerárquicos en la aerolínea venezolano de carga.
La ronda de indagatorias arrancó el lunes pasado con la declaración de Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta. Los dos venezolanos están sospechados de una serie de irregularidades financieras vinculadas a la carga del avión.
En su descargo, Arraga Urdaneta volvió a insistir con que los iraníes cumplían el rol de instructores: “Hemos tenido que viajar con una tripulación compuesta por 19 personas, justamente porque, tal como hemos referido en diversas oportunidades, Venezuela no cuenta actualmente con pilotos capacitados para poder manejar una aeronave de tal magnitud, motivo por el cual nuestros pilotos se encontraban siendo capacitados por los ciudadanos iraníes, dentro del marco de la asistencia técnica contemplada en el contrato, aunado también a que ellos tienen gran prestigio y antigüedad en el manejo de esta aeronave. Por estas razones, la tripulación contaba con 19 personas de nacionalidad iraní y nacionalidad venezolana”.
El piloto Gholamreza Ghasemi
El jueves pasado fue el turno de los iraníes. Los tres se negaron a contestar preguntas y solo declararon por escrito.
Los chats encontrados en el celular de Ghasemi, revelados por Infobae, no modificarían su situación en la causa. En principio, el piloto aparece como el receptor de una amenaza, pero no contesta esos mensajes.
A los cinco tripulantes citados se los acusa de utilizar la empresa Emtrasur para desviar fondos que habrían sido utilizados para financiar actividades terroristas. En la imputación, se mencionan vuelos de Teherán a Siria a través de la aerolínea Fars Air Qeshm, vinculada a Hezbollah. Esos viajes figuran en el informe que el FBI aportó a la causa a mediados de junio: “Fars Air Qeshm opera vuelos entre Irán y Siria de forma regular. Como parte de los esfuerzos realizados por Irán y la Fuerza Quds para equipar a Hezbollah con armas, componentes militares avanzados y las armas están siendo contrabandeadas desde Irán a Hezbollah en el Líbano utilizando vuelos civiles de Teherán a Damasco. Se sabe que un avión que pertenece a Fars Air Qeshm ha transferido equipos de Irán a Hezbollah en Líbano utilizando la ruta entre Teherán y Beirut”.
Los otros 14 tripulantes ya salieron del país luego de quedar sobreseídos. La fiscal Cecilia Incardona acaba de apelar esa decisión para que sea revisada por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, integrada por los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Lemos Arias.
En su dictamen, la fiscal advirtió que es improbable que los tripulantes vuelvan al país porque Irán y Venezuela no admiten la extradición de sus ciudadanos. “En caso de confirmarse (el sobreseimiento), habrá desaparecido la posibilidad de juzgar a eventuales responsables de un hecho sumamente grave como lo es el aquí investigado”, sostuvo Incardona.
Villena había argumentado que no tenía pruebas para procesar a esos 14 tripulantes y que resolvió empujado por la Cámara. Pero aclaró que la investigación seguía su curso. “Debo mencionar que la detenida y objetiva lectura de los elementos probatorios glosados al sumario, valorados a la luz de la sana crítica racional, impone su profundización, toda vez que el suscripto no descarta que hayan existido maniobras delictivas por parte de los nombrados”, dijo el juez.
Los tiempos de la investigación se precipitaron hace tres semanas cuando la Cámara Federal apuró al juez Villena a resolver en un plazo de diez días. En ese fallo, el tribunal había sostenido que “todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y de las restricciones impuestas sobre las personas y las cosas deberán ser resueltas por el juez de primera instancia, en el plazo de diez días, que se computarán desde que este legajo sea devuelto a la instancia de origen”.
La querella de la DAIA cuestionó ese plazo impuesto por la Cámara en duros términos. “Ese límite resulta incomprensible y debería ser prorrogado por lo que solicito expresamente se requiera dicha prórroga a la alzada, conforme el legislador autoriza se haga cuando vence el plazo legal de investigación”, sostuvo la entidad a través de la abogada Marta Nercellas.
Mientras tanto, el avión de Emtrasur sigue retenido en el aeropuerto de Ezeiza. Hace un mes, Villena hizo lugar al pedido de la Justicia de Estados Unidos para incautar la aeronave por la transferencia no autorizada entre Mahan Air, una aerolínea vinculada a la Guardia Revolucionaria y a las Fuerzas Quds, y Emtrasur.
Esa decisión fue ratificada por la Cámara de La Plata y ahora fue apelada ante la Cámara de Casación por el abogado Maximiliano Rusconi.
