El juez Martínez de Giorgi desestimó la solicitud, además de la indagatoria de Rossana Caputo y el allanamiento al departamento de la vecina de la vicepresidenta.
Provinciales29 de diciembre de 2022
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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó todos los pedidos que le formuló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación con la presunta vinculación de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal con el intento de magnicidio en su contra.
“En lo atinente a los pedidos de detención de Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, cuya libertad ambulatoria ya ha sido decidida por la Cámara del fuero y sin que se advierta la modificación posterior de su comportamiento procesal en un sentido que altere los fundamentos del Superior, no ha lugar”, resolvió esta noche el juez.
No obstante, le sugirió a la querella que representa a la vicepresidenta –encabezada por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal- que peticione las detenciones a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiene a su cargo la investigación por el intento de asesinato propiamente dicha.
“Sin perjuicio de que la parte querellante formule la petición que estime pertinente en el marco de la causa 2998/2022 en base a los hechos que allí se ventilan”, deslizó Martínez de Giorgi, en relación con el expediente que investiga el atentado.
Sobre el pedido de indagatoria para la decoradora Rossana Caputo, quien contactó a uno de los líderes de Revolución Federal para que proveyera de mobiliario para un edificio que construyó la empresa Caputo Hermanos en la zona de Vaca Muerta, el juez supeditó una decisión en ese sentido al resultado “de las medidas que están en pleno desarrollo sobre el origen y destino de los pagos recibidos por Jonathan Morel”.
Martínez de Giorgi desestimó el pedido para allanar el domicilio de la vecina de Cristina Kirchner
Martínez de Giorgi también desestimó el pedido de allanamiento sobre el domicilio de Ximena De Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba del departamento de Cristina Kirchner en el barrio porteño de La Recoleta.
El juez consideró “apropiado requerir, en su lugar, los informes pertinentes a través de las redes sociales en las cuales la nombrada interactuaba para que se remita el abonado de telefonía celular al cual se encontraba asociado”.
“Cumplido ello, se informe la totalidad de la actividad de la nombrada entre la primera publicación de Revolución Federal y la actualidad”, ordenó el juez.
En ese sentido, explicó que “pudiendo resultar de interés y entendiendo que existen motivos suficientes, solicítese a Twitter y a Instagram que se informe las cuentas vinculadas a la nombrada -debiendo indicar el número telefónico asociado- y al abonado” que utilizaba otro de los referentes de Revolución Federal, Gastón Guerra.
El juez requirió que “se remitan las publicaciones y mensajes directos enviados y recibidos desde dichas cuentas desde el mes de abril hasta la actualidad”.
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El Gobierno nacional disolvió la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y concesionará más de 9.000 kilómetros de rutas. La decisión generó un contundente rechazo en La Pampa, donde advierten por el impacto social, económico y en la seguridad vial.
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