Las defensas de la dueña de un prostíbulo de 25 de Mayo, Nurys Caraballo Castillo, y un comisario acusado de encubrimiento, Miguel Ángel Oyarse, pidieron la absolución de sus defendidos el lunes pasado, durante los alegatos que formularon en el juicio por trata de personas que se realiza en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.

El viernes de la semana pasada la fiscala federal Iara Silvestre había pedido una pena de 5 años de prisión para el exjefe comunal y actual concejal de 25 de Mayo, David "Sapo" Bravo, en el juicio por trata de personas con fines de explotación sexual. Además, pidió una pena similar para la dueña del prostíbulo, Nurys Caraballo Castillo, y tres años de prisión por encubrimiento para un comisario, Miguel Angel Oyarse.

Este miércoles 8 alegarán Gastón Gómez y Juan Resia por el exintendente. Puede haber réplicas y también la última palabra de los imputados. El veredicto está previsto para el 15.

Nulidad o prescripción

En primer turno, el lunes pasado, el abogado defensor, Juan Carlos de la Vega, pidió la absolución de Nurys Caraballo Castillo.

En primer lugar, solicitó la nulidad del allanamiento ordenado en su momento por la fiscala Marta Odasso en el local de su cliente, en diciembre de 2011, partir de una denuncia anónima, respecto a que allí se ejercía la prostitución, por presuntas irregularidades formales. La nulidad, dijo, debería extenderse al allanamiento que se realizó en octubre del año siguiente, cuando el local se reabrió con otra denominación.

En segundo término, consideró que la acusación superó los plazos previstos para la investigación y solicitó la prescripción. Dijo que la demora en llegar al juicio oral no puede achacarse a artilugios de la defensa.

Como tercer punto, argumentó que no se acreditó que haya habido una organización junto al exintendente y el comisario para permitirle aprovecharse de la vulnerabilidad que presuntamente eran explotadas sexualmente.

Finalmente, alegó que su pupila es una persona extranjera y en aquel momento no conocía la legislación ni contaba con asesoramiento jurídico para darse cuenta de que el acogimiento de las mujeres en el lugar podía caer bajo la figura de trata. "No se probó que quince personas haya sido sometidas a la trata", evaluó.

Subsidiariamente, por eso, reclamó una eventual pena mínima en la escala prevista por el código penal. Y valoró positivamente que no se fugó ni escapó al proceso judicial.

Por su parte, la defensora oficial Laura Armagno, por Oyarse, adhirió a lo expresado por De la Vega y cuestionó las "irregularidades" en el procedimiento. También reclamó la prescripción de la causa.

La funcionaria judicial dijo que la acusación se basa en "subjetividades"  y que no se acreditó objetivamente la imputación.

La acusación

La fiscala Silvestre había considerado el viernes pasado que quedó probado, en el caso de Bravo, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con la participación necesaria en el delito de trata de personas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual, cometido en perjuicio de más de tres víctimas y en el delito de sostenimiento de una casa de tolerancia. 

Carballo fue imputado como autora de ese delito. Y el comisario Oyarse por encubrimiento.

 Silvestre argumentó que Bravo "sabía lo que pasaba" dentro del local cuando prorrogó la habilitación con otro nombre porque inclusive ya había salido el tema en los diarios. "Sabía lo que allí pasaba, tenía noticia por los medios y por denuncias anónimas, todo el mundo sabía que allí funcionaba un prostíbulo. Tenía 8 mil habitantes el pueblo, ¿todos sabían menos el intendente, que le hizo un trámite exprés en un día a esta señora para poder cambiarle el nombre?", planteó. También extendió esta argumentación al entonces comisario del pueblo.

"Ni Bravo ni Oyarse pueden decir que desconocían lo que allí sucedía", insistió, durante el alegato. En julio de 2010 ya había noticias en los diarios de las habilitaciones irregulares. Una de las pruebas fundamentales son las libretas sanitarias que las mujeres debían completar en el municipio, con controles ginecológicos y de enfermedades de transmisión sexual.

 Bravo está imputado por un delito relacionado a la trata de personas, ya que no dispuso ninguna medida para cerrar el cabaret Venus luego de que se dictara una ordenanza en setiembre de 2010 que prohibía la actividad. Además, está acusada la dueña del local (Venus y Caribian funcionó como prostíbulo entre enero de 2011 y octubre de 2012 según la acusación), Nuris Caraballo, y el comisario Miguel Oyarce.

Bravo cumplió con una condena del año 2013 a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de abuso de autoridad. Fue por la habilitación irregular del cabaret "El Rancho". La Justicia Federal había condenado en 2010 a Omar Javier Ulrich, dueño de ese cabaret, a cuatro años de prisión. Fue la primera condena por trata de personas de La Pampa.

Gentileza: El diario