La detención y procesamiento de Matías Yamil Alexander George, un cultivador "solidario" santarroseño que llevaba adelante su actividad en forma pública y lejos de la clandestinidad, pone en una encrucijada a la justicia federal.

Esta semana le negaron la excarcelación, pero, a su vez, la apelación puso en debate a los actores de la justicia, que no se pusieron de acuerdo entre sí. Un juez lo quiso mantener preso y la fiscalía -que debe acusar- manifestó que no tenía interés en ello.

Además, un miembro de la Cámara de Apelaciones respaldó al juez, pero los otros dos no.  Introdujeron la cuestión del nuevo paradigma que plantea la ley de cannabis medicinal, y concedieron el arresto domiciliario. La perspectiva punitivista y la apertura a una concepción desde la salud volverán a cruzarse, seguramente, en el juicio oral.

George está detenido desde el 12 de enero, cuando en el puesto caminero de Realicó le encontraron 3 kilos de marihuana. En el allanamiento en su casa le secuestraron 6 kilos más, además de elementos de producción y 10 millones de pesos. Ese dinero se lo devolvieron porque pudo justificar que provenían de la venta de unos terrenos. "Basta de presos por cultivo", fue el lema de una manifestación en el juzgado que pidió por su liberación el mes pasado.

Esta semana la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca rechazó el pedido de excarcelación del cultivador detenido y procesado por orden del juez Federal de Santa Rosa, Juan José Baric. De todos modos, en la misma resolución del 13 de marzo, la cámara ordenó la prisión domiciliaria.

En la apelación a la prisión, la defensa de George planteó que es "un cultivador solidario y no un narco" (ver nota aparte).

Un debate en la justicia

En un primer momento, el juez Baric ordenó la prisión preventiva de George a pesar de que la fiscalía dictaminó que no tenía interés en mantenerlo en prisión.

En el devenir de la investigación, la apelación de la prisión preventiva que presentó en la Cámara generó una resolución con el voto dividido de los tres jueces que la integran.

El juez Pablo Candisano Mera rechazó la excarcelación alegando que la investigación no está cerrada y hay peligro de fuga porque si fuera condenado George recibiría una pena mínima de cuatro años, que debe cumplirse en forma efectiva. 

Sin embargo, la jueza Silvia Mónica Fariña emitió un voto en disidencia y -con el apoyo del tercer magistrado-  hizo lugar parcialmente al planteo defensivo.  Consideró que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

Acompañante terapéutico y productor público

En primer lugar, lajueza Fariña destacó el arraigo de George a la ciudad y la ausencia de antecedentes penales, además del hecho de que se dedica a la producción de cannabis medicinal de manera pública, publicando en redes su actividad.

En segundo término, la jueza remarcó que desde el comienzo de la investigación el imputado demostró una conducta predispuesta a colaborar tanto con las autoridades policiales como judiciales. Tampoco se resistió y entregó voluntariamente el material vegetal que contenía en su poder. 

En su descargo, indicó la jueza, el imputado "expresó con claridad y justificadamente que su principal actividad está vinculada con la producción del cannabis medicinal, ofreciendo siempre documentación que respaldaba sus dichos".

La jueza no dejó pasar por alto que George es acompañante terapéutico con orientación en cannabis medicinal. Y que mencionó que ha realizado su formación en cannabis medicinal en la Universidad de Arturo Jauretche, estudió además bioquímica de cannabis en la Fundación Ampatu, posgrado en medicina germánica y varios cursos, seminarios y formaciones de cannabis medicinal.

Agregó, que todas las cepas y especies que fueron secuestradas en el domicilio son utilizadas para distintas patologías que la gente llega a nuestro espacio, como fibromialgia, artrosis, artritis, epilepsia refractaria, Parkinson, cáncer, insomnio, ansiedad, ELA, entre otras.

Además, la jueza indicó que George justificó el dinero que le fuera encontrado el día del allanamiento a su domicilio, poniendo a disposición del Juzgado la documentación que acreditaría esa suma.

Finalmente, la jueza mencionó las disposiciones de la ley 27.350 reguladora de la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. Ante ese cuadro, consideró que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación y disponer que la prisión preventiva se cumpla bajo la modalidad del arresto domiciliario del imputado. El tercer juez, Pablo Esteban Larriera, adhirió al voto de la jueza.