Eduardo Casal, el procurador general, dijo que es constitucional la prohibición que establece el Código Penal y el Electoral. Será la primera vez que la Corte Suprema intervenga en un caso de derechos políticos de detenidos.
Nacionales23/05/2023
INFOTEC 4.0
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/LHWCIJ75PBBFRDIQ5RPT7DRGUQ.jpg)
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que las personas con condenas firmes a penas de tres o más años de prisión no pueden votar. Así lo sostuvo en una presentación que hizo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una causa en la que un condenado a seis años de prisión por venta de drogas reclamó su derecho al sufragio.
Fuentes judiciales informaron que Casal mantuvo la inhabilitación para votar que establece el Código Penal y el Código Nacional Electoral para las personas con prisión o reclusión de tres o más años. Este caso será el primero en el que el máximo tribunal intervenga para resolver sobre los derechos políticos de las personas detenidas y condenadas.
"La inhabilitación electoral priva a quien la sufre del ejercicio del derecho al voto, que es trascendental para la vida democrática. Pero también el derecho a la libertad tiene la misma o incluso más trascendencia y, sin embargo, su privación como consecuencia de la imposición de una pena expresamente la admite nuestra Norma Fundamental (artículo 18)", sostuvo en su dictamen sobre el alcance de la Constitución Nacional.
La causa la inició Víctor Manuel Zelaya, condenado a seis años de prisión por tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización. La condena quedó firme e inició una causa penal para poder votar. Planteó la inconstitucionalidad de las normas que lo prohíben.
El artículo 12 del Código Penal establece que "la reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena" y al inciso dos del artículo 19 establece como inhabilitación absoluta "la privación del derecho electoral". En esa línea, el inciso tres del artículo tres del Código Electoral excluye del padrón a "los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena".
Así, en Argentina los presos con condenas firmes a más de tres años no pueden votar. Sí mantienen ese derecho quienes están procesados o no tengan una condena firme. Los presos en el país votan desde 2007. Antes ningún detenido podía hacerlo. En las cárceles se vota con boleta única de papel.
El reclamo de Zelaya fue rechazado por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, pero aceptado por la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró la inconstitucionalidad de las normas. El fallo fue apelado y llegó hasta la Corte Suprema.
En su dictamen de 13 páginas, Casal señaló que en el caso se discute "si el legislador puede constitucionalmente establecer penas que no consistan en la privación de la libertad, sino en la privación de otros derechos como, en el caso, el de votar". Y señaló que además de las penas de prisión, el Código establece otras como las multas, las inhibiciones o el decomiso.
"En definitiva, opino que no es correcto examinar la constitucionalidad de la inhabilitación para votar cual si aquello que estuviese en discusión fuese qué derechos pueden ser legítimamente restringidos como consecuencia de la ejecución de una pena privativa de la libertad. Se trata, antes bien, de una pena que tiene sustento legal en los artículos 5, 12 y 19, inciso 2°, del Código Penal, que además de participar del fundamento que asiste a las penas en general, reconoce también uno específico recogido desde antaño por la doctrina y la jurisprudencia, incluso –como se ha expuesto– la que promueve la inconstitucionalidad", sostuvo Casal y agregó que "la regulación que ha hecho el legislador de esa inhabilitación, con base en esos fundamentos y en la gravedad del delito y de la pena impuesta, se mantiene dentro del marco de lo razonable".
El caso de Zelaya será el primero en el que la Corte pueda intervenir sobre el derecho o no de los condenados a votar. Hubo otro caso que llegó al máximo tribunal, pero no se pronunció sobre el fondo del reclamo.
Sobre estos casos, la Cámara Nacional Electoral ya dijo que los condenados tienen derecho a votar. La primera vez fue en mayo de 2016 ante una presentación de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el organismo que vela por los derechos de las personas detenidas. Allí, la Cámara señaló que no hay una proporcionalidad entre la sanción electoral para no votar y el delito cometido y que puede haber algunos casos en los que la prohibición esté justificada, pero que la ley no puede hacer una inhabilitación general. Así, le pidió al Congreso que dicte una reforma que establezca los alcances en cada caso.
Pero el Congreso nunca lo hizo a pesar de los proyectos que se presentaron. Luego hubo casos particulares que se presentaron con el mismo reclamo y la Cámara los aceptó. Pero los criterios de aplicación fueron dispares. En algunas jurisdicciones los jueces electorales los aceptaron y en otras no.
El 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres en Corrientes, que debía desarrollarse como una jornada de reflexión, debate y reivindicación de derechos, terminó derivando en una serie de hechos de extrema violencia, vandalismo y enfrentamientos que generaron una profunda indignación social en la capital provincial.
A pocas semanas del inicio del verano, el mercado de alquileres temporarios en Monte Hermoso avanza con un ritmo mucho más lento que en temporadas anteriores pero los precios no bajan. Aunque ya se registran reservas y consultas, desde el sector inmobiliario advierten que la mayor definición llegará recién entre diciembre y los primeros días de enero, en un contexto donde los precios muestran incrementos que definen como moderados.
Durante los últimos días, distintas publicaciones aseguraron que Essen había despedido a 30 empleados de su planta de Venado Tuerto y que la compañía avanzaba en un proceso de “achique” acompañado por la importación de productos terminados desde China, lo que representaría —según esas versiones— el reemplazo del 45% de la producción local. Frente a ese escenario, la empresa emitió un comunicado oficial en el que aclara su posición y sostiene que parte de la información difundida es inexacta.
El feriado de cuatro días de noviembre permitió un aumento del 21% en el número de turistas que viajaron, con un crecimiento real del 34% en el gasto total frente al mismo período del año pasado. El clima y la agenda de actividades y eventos fueron determinantes en los buenos resultados. 1,69 millones de viajeros movilizaron $ 355.789 millones en el fin de semana extralargo.
Un complejo operativo de rescate aéreo se desplegó este domingo en el Cerro Champaquí, donde una turista de 66 años sufrió lesiones en una zona de muy difícil acceso, lo que obligó a activar el protocolo de emergencias de alta montaña.
La provincia de Córdoba tuvo un fin de semana extralargo excepcional, con uno de los movimientos turísticos más altos del año. Según datos oficiales, 320 mil visitantes eligieron destinos cordobeses, generando un impacto económico superior a los 83 mil millones de pesos, cifra que duplica a la del mismo período del año pasado. El gasto promedio por turista fue de $124.728,64, consolidando a Córdoba como uno de los principales polos turísticos del país.
El Club Aguas Buenas de Hilario Lagos celebró anoche sábado 22 de noviembre su 98° aniversario con una cena-show que reunió a más de 250 personas en el Salón de Usos Múltiples de la institución. La velada combinó historia, tradición, reconocimientos y un gran cierre bailable, marcando un nuevo capítulo en la vida de una entidad emblemática para la comunidad.
Con la largada oficial realizada en la estación de servicios Shell del Grupo Martínez, la Agrupación NorSur volvió a darle vida al automovilismo regional con una nueva edición de la tradicional carrera de regularidad. Minutos antes de que los autos comenzaran a tomar ruta, el presidente de la entidad, Alejandro Alberto Oddone, brindó un mensaje de bienvenida en el que combinó agradecimientos, explicaciones técnicas y un fuerte reconocimiento al acompañamiento institucional.
La localidad de Victorica atraviesa días de profundo impacto emocional luego de que, el viernes, un menor decidiera quitarse la vida. El episodio se suma a otro ocurrido días atrás, cuando un vecino también tomó la misma determinación. La cercanía temporal entre ambas tragedias generó conmoción, silencio y un clima de preocupación generalizada.
El Ministerio Público Fiscal imputó este domingo a Axel “El Chinito” Araneda por el delito de homicidio culposo cuádruplemente agravado, a raíz del devastador siniestro ocurrido el viernes en la Ruta Nacional 22, a la altura de Allen, en el que murió una familia de Catriel integrada por cuatro personas: la médica Liliana Cocuzza, su hija Carina y sus dos nietos menores.
Un grave episodio de violencia se registró en la noche del sábado en la zona oeste de la ciudad de Córdoba, donde una fiesta de egresados de sexto año terminó repentinamente en tragedia. Un ataque a tiros desde un vehículo dejó tres personas heridas —entre ellas dos adolescentes— y derivó en un amplio operativo policial que culminó con la detención de un hombre de 26 años, de nacionalidad colombiana, señalado como el presunto autor de los disparos.
La comunidad de Realicó sumó hoy un motivo de orgullo con la incorporación de tres nuevos integrantes al Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Se trata de Benjamín Lecitra, Virginia Bertone y Valentina Correa, quienes completaron su proceso de formación y ya fueron oficialmente presentados como parte de la institución.
Un trágico accidente ocurrido en la Ruta 92, en Tunuyán (Mendoza), terminó con la vida de Agustín Yamil Sosa, un joven policía de 28 años que viajaba en motocicleta junto a una compañera cuando un caballo irrumpió de manera repentina en la calzada. El hecho tuvo lugar el sábado alrededor de las 18, en la intersección con Malvinas Argentinas, en la zona de Colonia Las Rosas.
La Comisaría de Parera informó que continúa con los operativos destinados a controlar y reducir la circulación de motocicletas modificadas, una problemática que viene generando reiterados episodios de riesgo en la localidad y en zonas aledañas.
