Dos semanas atrás la jueza Pérez Ballester y la asesora Catán fueron oídas por el jury, de acuerdo al procedimiento que prevé la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento. Allí efectuaron sus descargos verbalmente, pero también por escrito y en forma extensa.
Judiciales19 de septiembre de 2023
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El jurado de enjuiciamiento evaluó hoy los descargos presentados por la jueza de familia, niños, niñas y adolescentes de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora de niños, niñas y adolescentes, Elisa Alejandra Catán, y el jueves 28 resolverá si hace o no lugar a la formación de una causa contra ellas.
La decisión fue adoptada por el jurado que componente el ministro del Superior Tribunal de Justicia –a cargo de la presidencia–, Fabricio Luis Losi; las diputadas María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas por la matrícula, María Natalia Gaccio y Silvina María Garro, luego que deliberará esta mañana en el Salón de Acuerdos del STJ.
Pérez Ballester y Catán fueron denunciadas por mal desempeño, en la tramitación de los expedientes por la tutela y el cuidado personal del niño Lucio Dupuy, por los diputados/as del Frente Justicialista Pampeana y solo la magistrada por el bloque legislativo del PRO (Propuesta Republicana).
Dos semanas atrás ambas funcionarias fueron oídas por el jury, de acuerdo al procedimiento que prevé la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento. Allí efectuaron sus descargos verbalmente, pero también por escrito y en forma extensa.
Esos descargos fueron analizados hoy por el jurado que, luego de debatirlo internamente, resolvió que el jueves 28 definirá si da curso o no a las denuncias y, por lo tanto, si hace lugar o no a la formación de una causa, siempre de acuerdo a lo estipulado en la ley 313.
De acuerdo a lo que establece la Ley Provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento en el artículo 31 inciso 3), como las denuncias fueron admitidas prima facie, las personas acusadas tienen el derecho a ser oídas como paso previo a que el jury resuelva si les da curso o las rechaza.
Por eso Pérez Ballester, en primer término, y Catán a posteriori, estuvieron hace dos semanas en la Sala 7, en el segundo piso del fuero penal, formulando sus descargos y dando explicaciones sobre los pormenores de los expedientes ante los cinco integrantes del jurado.
Pérez Ballester declaró en primer término durante unos 45 minutos. La acompañó el abogado piquense Pablo Rodríguez Salto. Luego Catán lo hizo sola aproximadamente durante una hora.
La Ley 313 dice simplemente que el jury escuchará a los funcionarios/as denunciados/as y, por esa razón, tanto la magistrada como la asesora informaron en detalle por sus participaciones en los legajos abiertos por la tutela y el cuidado personal del niño durante la audiencia, que no tuvo carácter público porque así lo establece la normativa.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, la jueza de control de General Pico, Ana Laura Ruffini, condenó a Marcelo Alberto Martín, como autor material y penalmente responsable del delito de fraude contra la administración pública como delito continuado – 22 hechos-; a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua.
La suma es por el daño estimado por la maniobra sistemática de corrupción en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. Aclararon que debe actualizarse.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el juez de control de General Pico, Alejandro Gilardenghi, condenó a un hombre de 29 años, como autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas por el vínculo -tres hechos-; a la pena de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento, con expresa declaración de reincidencia.
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