El Gobierno activó un plan para achicar los cargos “militantes” en el Estado: 320 despidos en la Anses

En la Casa Rosada afirman que los despidos continuarán en los próximos días y afectarán a otras dependencias más allá de la AnsesANSES
 
El Gobierno activó su plan para reducir los cargos políticos de la planta de empleados públicos del Estado, en línea con lo que anticipó en campaña electoral. En la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses) se registraron 320 despidos en distintas oficinas del país, pero el número podría crecer exponencialmente en los próximos días y semanas, según supo LA NACION de fuentes oficiales.

Los despidos se replicarán en otros niveles de la administración pública, que quedó alcanzada por un decreto presidencial de fines de diciembre pasado. Este lunes también se conocieron despidos en el Conicet.

Los gremios estatales se manifestaron en alerta, cuestionan la legalidad de la medida y exigen que se revierta. De todas formas, en reserva, fuentes gremiales admitieron que el escenario actual es muy distinto al recorte de empleados que aplicó el macrismo al inicio de su gobierno. “Acá hay despidos más justificados y otros menos, pero claramente no es lo mismo”, distinguió una fuente gremial en diálogo con LA NACION.

“Eran todos puestos políticos”, reforzó un funcionario, que puntualizó que en todas las contrataciones de las personas desvinculadas de la Anses encontraron el mismo mecanismo. Se trata de funcionarios que eran ingresados a la planta estatal en puestos de base y luego la administración del gobierno anterior los hacía ascender rápidamente a jefaturas. “A veces se armaban concursos falsos o directamente ascendían sin concursar, poco antes del cambio de gobierno”, detalló.

En su mayoría, se trata de jefes de Unidad de Atención Integral (UDAI), de la Anses, que fueron ubicados en puestos jerárquicos por la gestión anterior.

El Gobierno buscó la aplicación de se mecanismo para identificar el ingreso de empleados que pueden haber obedecido a criterios políticos: “Se va a aplicar en toda la esfera pública”, anticiparon.

En la Casa Rosada detallaron que, en muchos casos, parte de los empleados de las mismas seccionales fueron quienes aportaron información sobre nombramientos o ascensos irregulares.

Para el oficialismo, ese movimiento de ingresos que se dio entre 2020 y 2023 “demostró el origen político de los puestos”.

Si bien el esquema detectado se usó en otras áreas o dependencias del Estado, las condiciones no son las mismas: la Anses posee facultades propias para su conducción administrativa y financiera.

El exministro del Interior Eduardo de Pedro y la exdirectora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, amos de La Cámpora, durante un acto de la entidad en Moreno, junto a la intendenta Mariel Fernández
 
De hecho, en las consideraciones de la resolución se argumentó que las designaciones “se sustanciaron de forma transitoria y sin estabilidad en el cargo que se vincula como una decisión coyuntural y temporal de esta Administración Nacional”. Aludía a una resolución del gobierno de Mauricio Macri que fue modificado tras las PASO.

En el Gobierno aseguran que las medidas reducirán los puestos en el Estado, pero también pondrán “un freno a La Cámpora”, a la que señalan como responsable de haber puesto a sus militantes al interior de los distintos organismos y dependencias, “en especial la Anses y el PAMI”. En ambos se detectaron un mayor número de empleados que asocian a ingresos por motivos políticos.

“Entiendo que son 320 trabajadores que ingresaron entre el 2020 y el 2023, muchos de ellos como jefes, pero que tenemos un mecanismo para que queden en planta permanente donde se hacen concursos y evaluaciones”, dijo este lunes en declaraciones radiales Carlos Ortega, secretario general del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi).

Para las fuentes libertarias los dichos de Ortega son una “admisión” de lo que sucedía con el manejo de los cargos políticos. “Se echó gente más allá del último año anunciado”, contrapuso Ortega.

Desde su llegada a Balcarce 50, el oficialismo insiste en la necesidad de achicar la planta del Estado. La primera decisión en esa línea fue dejar caer casi 7000 contratos que se firmaron por primera vez a partir del 1° de enero del 2023, es decir el último año de gestión de Alberto Fernández. Allí quedaron exceptuados los trabajadores que son parte de “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, o el personal que es considerado “indispensable” en una jurisdicción. En el decreto firmado por el Presidente el 26 de diciembre se anticipó también que el resto de los contratos serían sometidos a “un relevamiento exhaustivo” en los 90 días siguientes a partir de esa fecha. Eso sucede actualmente y por eso se esperan más despidos en lo sucesivo.