La Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFMPF) emitió un enérgico repudio tras las amenazas de muerte recibidas por la fiscal de Género, Cecilia Molinari, y el juez Carlos Ordás, durante una audiencia llevada a cabo este viernes en el Centro Judicial de Santa Rosa.
“Si Milei nos devuelve los $32 mil millones que nos sacó no es necesario el aporte solidario”
El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández aseguró, previo a ingresar a un plenario de Comisiones de Diputados, que “si Milei nos devuelve los $32 mil millones que son de pampeanas y pampeanos no sería necesario que promoviéramos este aporte solidario para garantizar alimentos”, a los sectores más vulnerables.
Provinciales28 de mayo de 2024InfoTec 4.0El ministro Fernández, junto al titular de la cartera de Desarrollo Social, Diego Álvarez; al ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld y al secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá concurrieron a la Legislatura Provincial para explicar, en dos plenarios de comisiones, los motivos que llevaron al gobierno de Ziliotto a impulsar dos iniciativas: aporte solidario extraordinario y jubilaciones anticipadas.
El funcionario volvió a aclarar que “el aporte solidario no es un impuesto, es un contribución con un tiempo determinado de seis meses que se le pide al 1 % de la población de La Pampa”.
Enfatizó que esa porción mínima de la población que haría el aporte, “es la que tiene recursos para hacerlo sin que ello signifique un quebranto en sus finanzas, pero que si será de mucha importancia para garantizar una alimentación vital y digna a más de 10 mil familias pampeanas”.
Fernández también reiteró que “la mayor parte de este aporte solidario lo hace el sector financiero” y aseguró que “de ninguna manera afecta al sector productivo pampeano. No comprende inmuebles rurales, ni vehículos afectados a las actividades económicas”.
La instrumentación del aporte prevé que se incremente la tasa de Ingresos Brutos a bancos y entidades financieras. También aportaran aquellos contribuyentes que tienen en su propiedad cinco o más inmuebles urbanos o la valuación fiscal de todos sus inmuebles supera los 50 millones de pesos y los titulares de vehículos de alta gama (autos y vehículos 4×4 que tengan un valor para la Dirección General de Rentas, a enero de 2024, superior a los 40 millones de pesos).
Ni los inmuebles rurales ni lo vehículos vinculados a la producción están alcanzados por el aporte.
Jubilaciones anticipadas
Otra de las iniciativas que los funcionarios provinciales fundamentaron ante diputados fue la de la jubilación anticipada para agentes de la Administración Pública Provincial, a la que pueden o no adherir municipios y Comisiones de Fomento.
“Este proyecto de jubilaciones anticipadas tienen que ver con un Estado austero y ordenado que puede dar respuesta a quienes ya han cumplido su ciclo en la Administración Pública Provincial”, sostuvo el ministro Fernández.
Dejó en claro que las jubilaciones anticipadas que se proponen “no afectarán de manera negativa las respuestas que debemos darle a los ciudadanos. Seguirán dándose a través de los procesos de digitalización y modernización que hemos instrumentado y seguimos ampliando a diario”.
El funcionario precisó que el análisis previo a proponer la medida determinó que “de ninguna manera se afecta en forma negativa el Sistema Previsional Pampeano”.
Las jubilaciones anticipadas están destinadas a agentes públicos de los tres poderes del Estado; accederán las mujeres con una edad mínima de 55 años y los varones de 60 años; deben contar con 30 años o más de servicio con aportes, de los cuales un mínimo de 20 años deben haberlos hecho al Instituto de Seguridad Social de La Pampa.
La medida no alcanza a funcionarios y las vacantes de las/los agentes que accedan a la jubilación anticipada serán eliminadas, con la única excepción de las ramas profesionales de salud y técnica del sistema de salud pública, debiendo cubrirse en la misma localidad en la que se produjo la vacante.
Participaron también de las reuniones la subsecretaria de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, Laura Ramborger y el subsecretario de Ingresos Públicos, Alejandro Vicente.
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