La Justicia de La Pampa archivó la causa que investigaba a cuatro directivos de la Cooperativa Popular de Electricidad por el colapso del techo ubicado en el hall de la Casa Central en Santa Rosa el 1º de enero de 2023. El fiscal de Delitos contra la Propiedad Facundo Bon Dergham argumentó que “con las pruebas obtenidas hasta el momento, no resulta posible continuar hacia otra etapa procesal, en procura, ya sea de una acusación penal o de un sobreseimiento definitivo, optando el Ministerio Público Fiscal por el archivo de las actuaciones”.
Provinciales23 de junio de 2024
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El número de legajo es el 138995/0 y la resolución fue firmada el 15 de abril. “La presente es una resolución de archivo por entender que durante la investigación fiscal no ha sido posible reunir elementos de pruebas de convicción suficientes para establecer si el hecho denunciado por Hugo Orlando Zalabardo, Manuel José Otero y Víctor Darío Dieguez constituyó un delito, y menos aún, precisar con dichas evidencias, si Carrascal Alfredo Daniel; Pedernera Raúl Urbano; Rojas Javier Aníbal y Usero Fernando Luis, tuvieron algún tipo de responsabilidad penal en la ocurrencia del hecho investigado”, indica el comienzo del texto judicial firmado por el fiscal Bon Dergham.
Denuncia.
La investigación se inició a raíz de la denuncia realizada por los socios de la CPE. En la misma expresaron que el techo que colapsó estaba constituido por una losa de hormigón que, desde hacía aproximadamente cinco años a la fecha, había mostrado ya marcas de deterioro, lo que llevó a los responsables a colocar fenólicos de madera y “puntales”, a fin de evitar, según decían al momento de colocarlo, la caída de pintura.
Según su denuncia, esta situación era ya motivo de preocupación entre los empleados que prestaban servicios en el lugar e incluso de trabajadores de otros sectores de la CPE. “Dijeron que era evidente el deterioro y a la luz de los resultados podemos decir que es altamente probable y por lo tanto deberá ser materia de investigación que la situación haya podido evitarse de haberse actuado con la diligencia que la situación ameritaba”, manifiesta el documento.
“Entendieron que la situación descripta debía ser investigada a fin de determinar si, ya fuera por acción o por omisión, han existido en el hecho por parte de él o los responsables, conductas que merezcan reproche penal”, agrega.
Investigación.
La investigación fiscal incluyó los secuestros de dispositivos tecnológicos a los imputados y la División de Análisis de las Telecomunicaciones (DAT) determinó que de los mismos “no surgieron datos, información o elementos de interés relevantes para la causa”. También se tomó declaración a los imputados (Carrascal, Pedernera, Rojas y Usero), a trabajadores y se secuestró más documentación. Se incorporó un informe técnico de evaluación de la estructura que sufriera el colapso ocurrido, que fue elaborado por la firma “ENGIneering Asociados”, a cargo de los Ingenieros Civiles Julián Cinquemani y Enrique Adolfo Gil. Dicha evaluación tuvo por objeto establecer "la capacidad portante original de la loza", "las posibles causas de su derrumbe", y "los posibles daños de su estructura lindante".
“Los expertos determinaron, luego de hacer un análisis técnico detallado, que el colapso de la losa tuvo como posibles causas las siguientes: 1) Error de diseño inicial; 2) Agregación de cargas no contempladas en su diseño original; 3) Alambres de tensados afectados por la corrosión; y 4) Cubierta con impermeabilización deficiente. Presumiendo los ingenieros, que el factor desencadenante del colapso, fue la fuerte lluvia, que precedió al evento”, señala el informe judicial.
“Abriendo en este sentido, y en lo que respecta a la investigación, un período temporal muy extenso entre las causales que determinaron el colapso, ya que, desde el posible error en el diseño original de la loza hasta el colapso mismo transcurrieron al menos 50 años. Igual, situación pasa con las restantes modificaciones o agregados realizados sobre la misma”, agrega.
Conclusión.
Si bien “existieron indicios serios y suficientes para investigar la conducta” de las personas apuntadas por los denunciantes, el fiscal Bon Dergham sostuvo que “con las pruebas obtenidas hasta el momento, no resulta posible continuar hacia otra etapa procesal, en procura, ya sea de una acusación penal o de un sobreseimiento definitivo, optando el Ministerio Público Fiscal por el archivo de las actuaciones”.
Ello “sin perjuicio de volver a abrir la investigación si se lograre obtener nuevos elementos de prueba que posibiliten dilucidar la existencia del hecho delictivo denunciado y la posible autoría del mismo en cabeza de los imputados referidos, o de otras personas que pudieren resultar involucradas”. (La Arena)
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