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El gobierno nacional resolvió hoy dar de baja la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Kirchner. “Significa para los argentinos un ahorro de unos 21.827.624 pesos”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa. El funcionario, además, informó que se anuló la pensión del expresidente Néstor Kirchner.
“El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, planteó Adorni.
En esta línea, aseguró que “la jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”.
“Esto es nada más ni nada menos que otorgar un manto de sentido común y cordura a la gestión pública. Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya más mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, completó.
Desde el inicio de la gestión, el gobierno libertario ya dio varias señales del rechazo a mantener las jubilaciones de privilegio. Es más, a finales de septiembre impulsó un proyecto en Diputados para eliminarlas. La iniciativa se propone derogar los “privilegios previsionales para ciertos funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos en Argentina”, quienes pasarían entonces a sumarse al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, como el resto de los trabajadores.
La medida aclara que, no obstante, “a partir del cese en sus funciones el Presidente de la Nación gozará de una asignación mensual vitalicia por los servicios prestados a la Nación durante su mandato”, la cual “será equivalente al 80% de la remuneración” de un jefe de Estado en ejercicio.
La decisión, si es aprobada por el Congreso, afectará solamente a los funcionarios que siguen en actividad, ya que, dado el principio de irretroactividad, no se podrá quitar el beneficio a aquellos que ya lo estén cobrando, aunque uno de los artículos plantea que el Poder Ejecutivo los invite “a renunciar a los privilegios”. (Infobae)
