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SANTA ROSA | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a la provincia de La Pampa sobre el inicio del análisis de admisibilidad de la denuncia presentada por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto al río Atuel. La Fiscal de Estado de La Pampa, Romina Schmidt, definió este avance como “un hecho histórico en la lucha por los derechos ambientales”.
La disputa, que data de más de 35 años, enfrenta a las provincias de La Pampa y Mendoza por la interrupción del curso natural del río Atuel, lo que ha causado graves daños de desertificación en el noroeste pampeano. En 2020, la Corte Suprema ordenó a Mendoza garantizar un caudal mínimo de 3,2 m³/s en el límite interprovincial, pero según Schmidt, la inacción de Mendoza y la omisión de la Corte han perpetuado una crisis ambiental y social en la región.
El 15 de agosto de 2024, La Pampa presentó la denuncia ante la CIDH, fundamentada en la inactividad judicial y los impactos irreversibles en el medio ambiente. En un tiempo récord, la CIDH admitió el caso, otorgándole prioridad y trasladándolo al Estado nacional, que ahora tiene un plazo de hasta cuatro meses para responder.
“La resolución de la CIDH establece un precedente inédito, no solo para La Pampa, sino para la protección ambiental a nivel internacional”, subrayó Schmidt. La lucha por el río Atuel, añadió, “no es solo una causa pampeana, sino un llamado a proteger los recursos hídricos y garantizar un futuro sostenible para todos”.
