Aunque avaló la rendición de un subsidio de $8 millones entregado a la Fundación Wetraché, el Tribunal de Cuentas de La Pampa advirtió sobre una posible incompatibilidad funcional de una alta funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social y giró el caso a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Provinciales17 de mayo de 2025
INFOtec 4.0
El Tribunal de Cuentas de La Pampa resolvió dar intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) al detectar un posible conflicto de intereses en el otorgamiento y contralor de un subsidio estatal de 8 millones de pesos a la Fundación Wetraché, pese a que aprobó su rendición de cuentas.
El foco de la observación está en la figura de María Marta Viglino, actual Subdirectora General de Restitución de Derechos de Niños y Niñas sin cuidados parentales, quien trabaja dentro de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. Según la documentación revisada, Viglino mantiene un vínculo estrecho con la fundación: fue una de sus fundadoras, colabora activamente en sus actividades, aparece como persona autorizada para conducir uno de sus vehículos y es además cónyuge del presidente de la organización.
Para el Tribunal, esta situación podría implicar una incompatibilidad funcional, dado que la funcionaria cumple tareas en la misma área estatal que articula convenios y realiza controles sobre las instituciones beneficiadas por subsidios, entre ellas Wetraché. En su sentencia N° 1149/2025, el organismo subrayó que “no puede exigirse a un funcionario público menos obligaciones que las que se demandan a cualquier otro agente del Estado”.
Además, recordó que tanto la Ley Provincial N° 643 como la Ley Nacional de Ética Pública N° 25.188 prohíben expresamente a los funcionarios mantener vínculos personales o familiares con entidades sobre las cuales ejercen funciones de control, administración o contratación.
Aunque el vehículo en cuestión ya no pertenece al patrimonio de la fundación, el Tribunal de Cuentas señaló que la problemática no se agota en ese aspecto puntual, sino que responde a un vínculo estructural que podría comprometer la imparcialidad de la actuación estatal.
La sentencia, firmada el 30 de abril por la presidenta del Tribunal, María Alejandra Mac Allister; el vocal José Carlos Moslares; y la secretaria Patricia Primucci, ordenó remitir copia completa del expediente a la FIA para que actúe conforme a sus atribuciones.
Cabe destacar que esta situación ya había sido advertida por la diputada radical Gisela Cuadrado, quien a fines de abril anticipó que presentaría una nota ante la Fiscalía para que se investigue la posible incompatibilidad funcional de Viglino.
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