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Con amplia mayoría y pese al rechazo oficialista, la oposición logró hoy la media sanción en Diputados del proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año.
Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, se aprobó la iniciativa que actualiza las prestaciones desde diciembre de 2023 según la inflación y permite la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas según el IPC. Estas se mantendrán en el 70% del haber mínimo jubilatorio.
Legisladores como Soledad Carrizo (UCR), Melina Giorgi (Democracia para Siempre) y Vanina Biasi (Frente de Izquierda) destacaron la necesidad de garantizar los derechos del colectivo de discapacidad. Eduardo Valdés (UxP) alertó sobre las dificultades de los transportistas por bajos pagos.
Desde La Libertad Avanza, Santiago Pauli culpó a gobiernos anteriores por la situación y denunció el uso político de recursos destinados al sector.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un impacto fiscal de entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, dependiendo del número de nuevos beneficiarios. Además, se calcula una compensación de $278.323 millones por desfasaje inflacionario y $7.160 millones para talleres de producción.
La emergencia era un reclamo sostenido por organizaciones que piden actualizar las prestaciones y pensiones.
