La Justicia autorizó a Cristina Kirchner a salir al balcón

Cuando en agosto de 2023 se implementó en La Pampa el nuevo Procedimiento Penal para Adolescentes, más conocido como régimen penal juvenil para jóvenes de 16 y 17 años, se hizo hincapié en un aspecto fundamental por tratarse de un cambio de paradigma: la necesidad de que el adolescente se haga responsable de sus conductas, pero también que la solución no sea exclusivamente punitiva; sino que exista una vía alternativa a través de medidas socioeducativas que permitan una solución integral entre todos los actores involucrados en el conflicto penal.

El juez de audiencia de juicio de General Pico, Federico Pellegrino, condenó a un hombre de 47 años,  como autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal (un hecho) y abuso sexual gravemente ultrajante (tres hechos), todo agravado por la situación de guarda; a la pena de doce doce años de prisión de efectivo cumplimiento.

Una mujer de 50 años, empleada administrativa del municipio de Alta Italia, fue formalizada por la Justicia pampeana tras ser acusada de falsificar un certificado médico con firma y sello apócrifo del reconocido profesional Dr. Marcos Miguel, auditor médico de OSECAC en General Pico.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible los siete recursos extraordinarios provinciales interpuestos por firmas automotrices contra la demanda colectiva por la suscripción de pampeanos de planes de ahorro para la compra de vehículos cero kilómetro antes del 29 de octubre de 2019.

El juez de control de General Pico, Diego Ambrogetti, condenó a un joven de 27 años a un año de prisión de cumplimiento efectivo por ejercer un grave accionar violento contra su ex pareja. Los delitos por los que fue sentenciado incluyen amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y amenazas simples, cometidos en un contexto claro de violencia de género.

Tras cuatro años prófugo, el empresario fue detenido en 2022 y ahora será trasladado desde Montevideo para cumplir la pena de ocho años de prisión. El ataque ocurrió en 2012 y fue confirmado por la Corte Suprema en 2017.