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El gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo ajuste que sacude la infraestructura del país: disolverá la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), además de avanzar con la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, mediante un decreto firmado horas antes de que vencieran las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases.
La noticia generó un fuerte rechazo en La Pampa. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, expresó su preocupación y recordó que la provincia ya había manifestado su rechazo en distintos ámbitos, incluso en movilizaciones locales. “Defendemos a Vialidad Nacional porque es el único organismo que puede garantizar la transitabilidad de nuestras rutas. Nadie puede reemplazar su capacidad técnica, operativa y territorial”, afirmó.
Intronati advirtió sobre el impacto social que tendrá la medida: “Más de 5.000 despidos en todo el país y 148 en La Pampa. Esto afecta no solo la infraestructura, sino también al empleo y las economías regionales. ¿Dónde van a trabajar esas personas si destruyen todo lo que genera trabajo?”, cuestionó.
Además, sostuvo que la decisión responde a una intención de reducir el Estado para avanzar con la privatización de rutas, con concesiones que solo prevén repavimentaciones mínimas y peajes, sin inversiones reales. Señaló también que otras provincias podrían iniciar demandas judiciales ante el abandono estatal y advirtió: “Sin Vialidad Nacional, no hay quién controle, contrate o certifique las obras”.
El gobernador Sergio Ziliotto también fue contundente: “Es un castigo al desarrollo nacional. No es una política de ahorro, es una renuncia a las obligaciones del Estado y un desprecio hacia la Argentina productiva y trabajadora”, concluyó.
