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La investigación judicial por la causa conocida como “Seguros”, que involucra al expresidente Alberto Fernández y a más de treinta personas, dio un giro clave en las últimas horas: la Justicia Federal dio por acreditado el pago de coimas millonarias a través de una estructura organizada con cooperativas. En el centro de esta trama aparece el pampeano Mauro Tanos, exfuncionario de Nación Seguros, acusado de haber recibido importantes sobornos.
Tanos, oriundo de La Pampa, había sido promovido a gerente general de Nación Seguros incluso durante el actual gobierno de Javier Milei, aunque fue desplazado en abril de 2024 cuando estalló el escándalo. Según determinó el juez Sebastián Casanello, los pagos ilegales se canalizaban mediante cooperativas, entre ellas "7 de Mayo", que recibió más de 376 millones de pesos de distintas aseguradoras. Solo desde San Ignacio —empresa beneficiada con pólizas de ANSES— habrían salido 239 millones.
Los fondos se habrían utilizado para pagar propiedades, vehículos de alta gama, viajes internacionales —incluido uno familiar a Miami— y hasta plateas en el estadio de River Plate. En un allanamiento a la empresa San Ignacio, la Policía encontró documentos que derivaron en otro operativo en la casa del empresario Alfredo Del Corro. Allí, se halló una camioneta Jeep a nombre de Tanos. Del Corro también habría costeado un departamento en pozo para el exfuncionario y el viaje al exterior, aunque ambos alegaron que eran préstamos entre amigos, versión que la Justicia desestimó.
La causa también compromete a otros exfuncionarios, como Ariel Palmieri y Hugo Paz, acusados de recibir pagos en efectivo de parte del empresario Héctor Martínez Sosa, pareja de María Cantero, la histórica secretaria del expresidente Fernández. El análisis del celular de Cantero fue clave: entre fotos de fajos de dinero y mensajes comprometedores, se destaca uno dirigido a Daniel “El Gordo” Rodríguez —exintendente de la quinta de Olivos— donde la mujer escribió: “Gordo, si no hacemos guita con esto, somos unos pelotudos”, fechado en septiembre de 2019.
Casanello imputó a Alberto Fernández por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” y sostuvo que las relaciones entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero fueron más allá de lo laboral o personal, configurando un esquema de favores cruzados y flujo de dinero de dudosa legalidad.
