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A través de decretos firmados el 9 de septiembre, el Ejecutivo provincial dispuso la baja de dos efectivos de la fuerza: un sargento de la Brigada de Investigaciones condenado por lesiones graves y vejaciones, y un subcomisario exonerado tras un sumario administrativo.
El sargento Esteban Samuel Cuello fue apartado de sus funciones luego de que la Justicia lo condenara a tres años de prisión como autor de los delitos de lesiones graves calificadas y vejaciones, cometidos abusando de su condición de policía. Además, fue inhabilitado para integrar cualquier fuerza de seguridad por un período doble al de la pena impuesta.
En paralelo, el Gobierno oficializó la exoneración del subcomisario Alfredo Ibáñez. La medida se fundamenta en la Norma Jurídica de Facto Nº 1034/80, que establece la destitución con carácter de exoneración para los casos de condenas o responsabilidades administrativas vinculadas a delitos como robo, estafa, cohecho o negociaciones incompatibles con la función pública.
El decreto faculta al jefe de Policía, Claudio Cano, a disponer el pago de haberes y licencias adeudadas a los agentes cesados, con la intervención de las áreas administrativas correspondientes.
