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Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, fue procesado en la provincia de Buenos Aires por más de 1000 denuncias por estafas. En este caso se sobreseyó a 23 implicados ya que para la Justicia también son víctimas. El acusado ya fue condenado en Goya y Salta por el delito de asociación ilícita y su situación en Córdoba está a la espera.
Como en los anteriores caso, la jueza Alejandra Alliaud lo acusa de ser jefe de una asociación ilícita, junto con Maximiliano Javier Batista, Miguel Ángel Echegaray y Leonardo Javier Prioli, quienes habrían estafado a 1.095 inversionistas.
En este dictamen de procesamiento,se les trabó un embargo de $10 mil millones a cada uno, pero no se les dictaminó la prisión preventiva.
En el escrito, la magistrada señala que, bajo el liderazgo de Leonardo Cositorto, “elaboraron y desplegaron una puesta en escena utilizando la estructura de una empresa próspera que ofrecía cursos de coaching, trading, liderazgo y otros paquetes educativos tecnológicos imprecisos, alegando conocimientos sobre supuestos criptoactivos, tokens, servicios inmobiliarios, promoviendo oportunidades de inversiones basadas en el oro extraído de minas propias del holding 'Generación Zoe', cuya existencia no se pudo acreditar, con la finalidad de captar inversores para realizar operaciones financieras en dólares, que se verían acrecentadas con la promesa del ofrecimiento de retornos con tasas de interés superiores a las ofrecidas por las entidades bancarias y financieras”.
“Las pruebas reunidas demostraron que las ganancias prometidas no provenían de actividades comerciales o financieras genuinas, sino de los fondos aportados por nuevos inversores, reproduciendo el esquema clásico de fraude piramidal”, destaca el informe.
En este caso Cositorto es defendido por los abogados Guillermo Tiscornia y Eduardo Jorge Iriarte, mientras que en la provincia de Córdoba sigue el letrado Guillermo Dragotto quien, en las próximas horas, realizará varias denuncias por irregularidades.
En Goya el líder de Generación Zoe fue condenado a 12 años de prisión, mientras que en Salta recibió una pena de 11 años de cárcel.
