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En la última sesión ordinaria de la Legislatura pampeana, la abogada Sofía Pérez Dupont fue designada formalmente como Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el acompañamiento unánime de todos los bloques. La diputada Sandra Fonseca (Comunidad Organizada), integrante de la comisión encargada de la selección, destacó la importancia de fortalecer el organismo: “Hoy la Defensoría cumple un rol de impacto en la vida de nuestras niñeces y adolescencias; necesitamos que tenga mayor autonomía, más recursos técnicos y económicos, y que pueda escuchar la voz de las infancias en los procesos administrativos y judiciales”.
El bloque Comunidad Organizada también acompañó la reestructuración de créditos presupuestarios correspondiente a la Ley de Presupuesto 2025. El diputado Maximiliano Aliaga sostuvo que, aunque reclamaron mayor información para un tratamiento más preciso, votaron positivamente porque la propuesta incluye rendir semanalmente el destino de los recursos, lo que consideraron un avance en transparencia.
Sin embargo, el acompañamiento no se extendió a los proyectos centrales del paquete económico. En el debate de la Ley Impositiva 2026, Comunidad Organizada votó en contra. Aliaga cuestionó el funcionamiento del SIRCREB, al que calificó como “una sustracción ilegal de dinero” que afecta incluso a madres que cobran cuota alimentaria e indemnizaciones por fallecimiento. Señaló que este sistema “desalienta la inversión privada, el trabajo en blanco y castiga a quienes ya han pagado lo que corresponde”. Además, advirtió que la ley penaliza inversiones agropecuarias, mantiene distorsiones impositivas que desalientan la inversión productiva y eleva la base imponible del impuesto automotor. Por estos motivos, afirmó que el bloque propone bajar la presión tributaria, reducir regulaciones y eliminar gastos como los fideicomisos y la pauta oficial.
Durante el tratamiento del Presupuesto Provincial 2026, el bloque también votó negativamente. Fonseca planteó que no hubo tiempo suficiente para analizar un presupuesto “que define rumbo y prioridades”, y denunció un enfoque político que “culpabiliza al gobierno nacional” mientras se ocultan recortes encubiertos por inflación en áreas sensibles. La legisladora sostuvo que existe “un Estado sin capacidad de respuesta efectiva”, con estructuras ineficientes, escasa articulación entre ministerios y políticas públicas debilitadas. En su análisis, cuestionó que se sostengan cargos innecesarios, que falte inversión en niñez y en políticas sociales, y que los indicadores de violencia, consumo y deterioro social sigan en aumento.
Fonseca también criticó al Ministerio de Educación por crear “cargos multifunción” sin consultar a los trabajadores y sin garantizar la especificidad requerida para acompañar trayectorias educativas diversas. Sobre el Ministerio de Seguridad, cuestionó la minimización de la siniestralidad vial y la falta de inversión real contra el narcotráfico. En contraste, señaló que se destinan recursos significativos al autódromo, mientras no se priorizan políticas de juventud, deporte social o educación.
Aliaga sumó un fuerte cuestionamiento al uso de los fondos públicos. Señaló que la Secretaría General maneja el 1,05 % del presupuesto provincial, es decir unos 24.500 millones de pesos, de los cuales 7.200 millones se destinan a pauta publicitaria: “Ese monto equivale a 175 patrulleros, dos por cada localidad”. Aseguró que, mientras se ejecutan cifras millonarias en propaganda, hay áreas que no cuentan con presupuesto para intervenciones básicas, como la reparación de infraestructura productiva en 25 de Mayo.
El legislador también criticó la gestión del Ministerio de la Producción, advirtiendo descontrol, superposición de organismos y falta de continuidad en programas. Cuestionó los subsidios a emprendimientos que calificó como insuficientes, el pago al frigorífico de Santa Isabel —cerrado y sin perspectivas de reactivación— y las asignaciones millonarias al autódromo “para el mantenimiento del pasto”. A esto sumó la falta de control sobre cotos de caza, especies invasoras y el seguimiento de proyectos productivos.
En relación a RefiPampa, Fonseca alertó sobre un cambio accionario que —según indicó— se realizó sin la autorización que exige la normativa provincial. Afirmó que la empresa ya no pertenece al Grupo Kalpa sino a Sinchicuna S.A., situación que implicaría una violación de la ley de hidrocarburos y del estatuto de la refinería. La diputada denunció “silencio oficialista” frente a una maniobra que, según el bloque, debió pasar obligatoriamente por el control estatal.
Como conclusión, Fonseca y Aliaga reclamaron la creación de una Oficina de Presupuesto Legislativa, que permita analizar ingresos, gastos, deudas e inversiones de manera sistemática. Sostuvieron que sin un control serio y transparente del gasto público, no es posible acompañar un presupuesto que —según afirmaron— llega a la Legislatura cerrado, sin debate y sin coordinación entre las áreas del gobierno provincial.
