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Según indicó la fuerza política, la Comisión de Precalificación creada para evaluar el pliego habría sido “manipulada” por el Ejecutivo y elaborada con “datos ficticios”, lo que —según expresan— podría afectar la transparencia del proceso. El espacio sostiene que la comisión no contó con participación plena de todos los bloques legislativos y que Comunidad Organizada fue excluida, situación que relacionan con otras disputas previas vinculadas a la integración de Pampetrol.
Falta de inversiones y caída de producción
El comunicado afirma que la operadora actual del área, PCR S.A., junto con Pampetrol, dejó de realizar inversiones desde 2022, lo que habría generado desocupación y una disminución significativa de la producción de petróleo. Comunidad Organizada plantea que esa caída —atribuida a una “connivencia” entre la empresa y el Ejecutivo— estaría siendo utilizada como base para calcular las regalías que deberá pagar el futuro concesionario, lo que implicaría un perjuicio económico para la Provincia.
Asimismo, el espacio opositor denuncia que desde 2023 el Gobierno pampeano no habría cumplido con la obligación de informar a la Secretaría de Energía de la Nación los datos de producción, como establece la normativa nacional.
Cuestionamientos legislativos
El documento también detalla que las principales objeciones al pliego surgieron del propio bloque del Partido Justicialista en la Cámara de Diputados, que designó a la diputada Noelia Sosa para participar del análisis técnico. Comunidad Organizada sostiene que incluso sectores del oficialismo expresaron reparos sobre posibles irregularidades, aunque de todos modos acompañaron la iniciativa para avanzar con la licitación.
Desde el espacio advierten que las supuestas inconsistencias del pliego podrían dificultar la participación de empresas en el concurso y anticipan que el proceso podría derivar en presentaciones ante la Justicia Federal, incluida la Corte Suprema.
Un contrato clave para la Provincia
La licitación del área El Medanito implica un contrato de 30 años, considerado por Comunidad Organizada como el “recurso económico no tributario más significativo” de La Pampa. El partido afirma que el proyecto original que impulsaba establecía que el pliego debía ser elaborado por el Ejecutivo, pero luego remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación, un mecanismo que —según señalan— fue desestimado.
En un tono crítico, el espacio acusa al Ejecutivo provincial de intentar “silenciar” a Comunidad Organizada y de excluirla de ámbitos de control institucional, como el cargo de Síndico en Pampetrol.
Finalmente, el partido asegura que continuará realizando presentaciones y acciones institucionales para evitar lo que califican como “el más grave perjuicio económico para el pueblo pampeano”, insistiendo en que las irregularidades denunciadas “saldrán a la luz”.
