
El fallo argumentó que no corresponde otorgar beneficios a condenados por delitos contra los derechos humanos.


La decisión beneficia a todos los acusados, incluidos el ex titular de la AFA Luis Segura y ex directivos de la entidad y de Futbolistas Argentinos Agremiados.
Judiciales05/12/2025
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El Tribunal Oral Federal 1 absolvió este viernes a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, junto a los otros 12 imputados, en el juicio por presuntas irregularidades en el programa “Fútbol para Todos”, al declarar nula por unanimidad la acusación del fiscal Miguel Ángel Osorio.


Los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg concluyeron que “no hubo acusación fiscal válida” debido a la falta de fundamentación y a la ausencia de una adecuada valoración de la prueba. Según el fallo, estas deficiencias imposibilitaron al tribunal analizar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados.
La decisión beneficia a todos los acusados, incluidos el ex titular de la AFA Luis Segura y ex directivos de la entidad y de Futbolistas Argentinos Agremiados. La Fiscalía había solicitado penas de hasta tres años de prisión para seis de ellos, entre los que figuraban Fernández, Capitanich y Segura.
La causa
El caso investigaba una supuesta administración fraudulenta vinculada al manejo de fondos estatales destinados al programa entre 2009 y 2015, durante el convenio entre la AFA, por entonces presidida por Julio Grondona, y el Estado nacional para la televisación del torneo de primera división.
Además, el tribunal rechazó el pedido del Ministerio Público de decomisar 456 millones de pesos. Los fundamentos del fallo se difundirán el 11 de marzo del próximo año, a partir de esa fecha el fiscal Osorio podrá apelar la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.





El fallo argumentó que no corresponde otorgar beneficios a condenados por delitos contra los derechos humanos.

De todos modos, el fisscal destacó la investigación que se sigue para dar con los autores intelectuales.

Es por la presunta apropiación indebida de más de $19.000 millones.

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