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TUCUMÁN | La Legislatura de Tucumán resolvió archivar este viernes el pedido de juicio político contra Edmundo “Pirincho” Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal, quien había sido denunciado por mal cumplimiento de los deberes de funcionario público.
La presentación había sido realizada por Mirta Isabel Giménez, madre de Karla Nair Naomi Robles, la joven de 27 años que se suicidó tras meses de hostigamiento, denuncias sin respuesta y una presunta cadena de negligencias institucionales. En el escrito formal presentado ante la Comisión de Juicio Político, Giménez acusó a Jiménez de “negligencia en el ejercicio de sus funciones”, “incumplimiento reiterado y grave de los deberes a su cargo”, “inhabilidad moral”, “parcialidad manifiesta” y dependencia de “influencias lesivas” que comprometerían la independencia del Ministerio Público Fiscal.
Lejos de avanzar, el planteo fue desestimado de manera unánime por la Comisión de Juicio Político, que resolvió archivar el expediente. Tras la reunión, el legislador Roberto “Tigre” Moreno aseguró a la prensa que “no hay elementos para llevar a cabo este pedido porque no le compete a la Legislatura”.
Sin embargo, fuentes locales revelaron que en las horas previas hubo encuentros privados y presuntas presiones que habrían facilitado el resultado final. “Hubo negociaciones en las sombras. Jiménez presionó a través de terceros para que lo ayudaran”, aseguró una fuente cercana a la Comisión.
El caso se suma a una larga lista de pedidos de juicio político contra Jiménez: este era el décimo cuarto intento por remover al procurador, señalado desde hace años por sectores políticos y sociales por supuestas irregularidades en su conducción del Ministerio Público Fiscal.
La Comisión de Juicio Político está integrada por su presidente, Sergio Francisco Mansilla; el vicepresidente Héctor Aldo Salomón; y el secretario, Luis Rodolfo Nicolás Ocaranza. También forman parte Sara Alejandra Assán, Tulio Enrique Caponio, Paula Luján Galván, Mario Alberto Leito, Raúl Roberto Moreno, Leopoldo Alberto Rodríguez, Francisco Serra, Carlos Eduardo Verón Guerra y Claudio Daniel Viña.
Mientras tanto, la familia de Karla Robles insiste en que la muerte de la joven no puede quedar impune y que la responsabilidad institucional debe ser investigada. La resolución legislativa reaviva un clima de indignación en Tucumán y deja más interrogantes que respuestas.
