La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo máximo histórico desde 2010

La deuda impaga de los hogares argentinos volvió a crecer en octubre y acumuló doce meses consecutivos de aumento, alcanzando el nivel más alto desde que el Banco Central comenzó a relevar estos datos en 2010. El deterioro se explica principalmente por el fuerte incumplimiento en préstamos personales y tarjetas de crédito, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y altas tasas de interés.

Según el último Informe sobre Bancos del BCRA, el ratio de irregularidad en los créditos otorgados a las familias llegó al 7,8%, lo que representa un incremento interanual de 5,5 puntos porcentuales. El mayor deterioro se observó en los préstamos personales, donde casi uno de cada diez créditos no se pagó en tiempo y forma, con una morosidad del 9,9% y un salto de 6,5 puntos en el último año. Las tarjetas de crédito también mostraron un fuerte avance de la irregularidad, que se ubicó en el 7,7%, tras subir 6 puntos porcentuales. En tanto, los créditos prendarios registraron una suba más moderada hasta el 4,8%, mientras que los hipotecarios mantuvieron una relativa estabilidad, con un ratio cercano al 1%.

El aumento de la morosidad no se limitó a los hogares. En el segmento empresarial también se verificó un deterioro significativo, con un alza del ratio de irregularidad del 0,7% al 1,9% en el último año, impulsado principalmente por los préstamos prendarios. Al consolidar la situación de familias y empresas, la morosidad total del sistema financiero alcanzó el 4,5% en noviembre, lo que implica un aumento interanual de 3 puntos porcentuales y el nivel más elevado desde noviembre de 2021.

Desde el Banco Central aclararon que los datos de morosidad familiar corresponden a octubre y los del sistema en su conjunto a noviembre, en ambos casos previos al alivio en las tasas de interés aplicado tras las elecciones legislativas. Este contexto sugiere que el deterioro crediticio reflejó el impacto pleno de un período de fuerte restricción financiera sobre los ingresos de hogares y empresas, cuyos efectos podrían comenzar a moderarse recién en los próximos meses si se consolida la baja del costo del crédito.