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Desde el área municipal correspondiente explicaron que este tipo de faltas está previsto en la normativa vigente, que establece un tope de 800 Unidades Fijas como sanción máxima. Cada UF equivale al valor de un litro de nafta especial, actualmente fijado en $1.438,67, lo que eleva la multa potencial hasta los $1.150.936.
Según detallaron desde el municipio, durante los procedimientos se miden los niveles de decibeles emitidos por los rodados y, ante la detección de irregularidades, se procede a la retención del escape y se da intervención al Juzgado de Faltas. Las sanciones pueden incluir multas, decomiso del elemento y su posterior destrucción.
Las autoridades señalaron que el uso de escapes no reglamentarios genera un fuerte impacto sonoro que afecta la calidad de vida de la comunidad, especialmente en zonas sensibles como hospitales, escuelas y espacios públicos. Los controles responden a reiteradas denuncias de vecinos por ruidos excesivos y buscan preservar el descanso y la convivencia urbana.
