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Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este jueves al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles de la ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, incluido el departamento de San José 1111 donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.
“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, señalaron los fiscales.
“Las personas condenadas —intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública— todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.
De acuerdo al planteo de los fiscales, tanto Cristina Kirchner como Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”.
“La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, apuntaron.
A fines del año pasado se conoció que la Corte Suprema de Justicia sería la encargada de administrar y subastar el decomiso de los bienes de la ex presidenta, después de que el TOF 2 solicitara esa medida.
Esa decisión alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.
