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En el documento, Comunidad Organizada cuestionó que el gobernador insistiera en definir su gestión como “ordenada y eficiente”, al tiempo que remarcaron que la realidad “demuestra lo contrario”. En particular, apuntaron a la falta de definiciones estratégicas en torno al área hidrocarburífera El Medanito y señalaron que durante meses se habrían dilatado decisiones clave sin avanzar con claridad hacia una licitación pública nacional e internacional.
También formularon críticas hacia Pampetrol SAPEM, al sostener que la empresa estatal no cuenta —según expresaron— con una auditoría pública independiente y permanente que garantice transparencia total en su administración. En esa línea, plantearon que la política energética provincial “no puede manejarse entre pocos funcionarios” ni resolverse en ámbitos bajo dominio exclusivo del Ejecutivo.
En materia económica, cuestionaron la continuidad del SIRCREB como mecanismo automático de retención bancaria. Afirmaron que comerciantes, productores, profesionales y trabajadores independientes padecen retenciones compulsivas sin análisis de su situación real, en un contexto de presión tributaria que, a su entender, desalienta la inversión y la formalidad. Señalaron además que en el discurso no hubo autocrítica sobre este punto.
El bloque también marcó lo que consideró “silencios” relevantes en áreas sensibles. En ese marco, enumeraron una serie de interrogantes dirigidos al Ejecutivo provincial: “¿Qué pasa con niñez?, ¿Qué pasa con salud mental?, ¿Qué pasa con el suicidio?, ¿Qué pasa con el narcotráfico?, ¿Qué pasa con la educación?, ¿Qué pasa con la discapacidad?, ¿Qué pasa con el deporte inclusivo?, ¿Qué pasa con el trabajo en La Pampa?, ¿Qué pasa con el control y las inversiones en rutas?”.
En relación con la seguridad, advirtieron que la realidad social muestra un crecimiento de la inseguridad y señalaron que el Ejecutivo dejó vencer el plazo para reglamentar la Ley N° 3469 de Seguridad Pública y Ciudadana. Asimismo, mencionaron la falta de avances en la implementación del juicio por jurados y cuestionaron el uso de la pauta oficial, al considerar que no hubo referencias a criterios de transparencia y control en la asignación de esos recursos.
Finalmente, desde Comunidad Organizada reafirmaron su compromiso de “seguir señalando y denunciando cada irregularidad” y reclamaron una política pública integral basada en la transparencia y en la defensa de los recursos que —según manifestaron— pertenecen a todos los pampeanos.
