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LA PAMPA | A continuación, presentamos los puntos clave de la normativa que ya se encuentra en la Cámara de Diputados y espera su aprobación para este 2026. Ejes centrales del Proyecto “Ley Provincial de Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de Animales Domésticos y de Compañía”:
1. Reconocimiento como "Seres Sintientes"
El proyecto marca un cambio de paradigma legal: los animales domésticos (perros, gatos y caballos) dejan de ser considerados meras "cosas" para ser reconocidos como seres sintientes con derecho a un trato digno. Esto obliga al Estado y a los ciudadanos a garantizarles bienestar, salud y condiciones de vida adecuadas.
Una de las herramientas más novedosas es la creación del Registro Provincial de Maltratadores de Animales.
Inhabilitación: Quienes integren este registro no podrán tener animales bajo su cuidado, adoptar ni trabajar en actividades vinculadas al manejo de animales.
Multas severas: Se establecen sanciones económicas que van desde los 400 hasta los 5.000 litros de nafta súper (valor YPF), además de la posibilidad de arresto de 5 a 100 días para casos graves de crueldad.
El proyecto utiliza la carga impositiva como una herramienta de cambio social:
Premio a la adopción: Quienes adopten animales rescatados de instituciones registradas recibirán una reducción del 10% en el Impuesto Inmobiliario o Automotor durante un año.
Castigo al comercio: Se propone duplicar la alícuota de Ingresos Brutos para los criaderos comerciales de perros de raza, destinando esa recaudación íntegramente a un fondo de asistencia animal.
Protección y Salud Pública
La ley prohíbe de manera taxativa la matanza de perros, gatos y caballos como método de control poblacional por parte del Estado. En su lugar, establece la castración quirúrgica, gratuita y masiva como el único método ético y eficaz para controlar la superpoblación.
Se crea un fondo específico para solventar gastos de recuperación, alimentación y atención veterinaria de animales víctimas de maltrato. Este fondo se nutrirá de las multas aplicadas y de los impuestos adicionales a los criaderos.
Siguiendo modelos como la Ley Micaela, se propone la capacitación obligatoria para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado sobre protección y bienestar animal. Además, se incluirá la temática en los programas educativos de nivel inicial, primario y secundario.
