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El titular la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, Eduardo Taiano, aclaró este viernes que las demoras en el el avance de la causa tuvieron que ver con el “sumario administrativo” dictado por el procurador Eduardo Casal.
Taiano, que subroga esa Fiscalía, señaló que “luego del secuestro de dispositivos electrónicos, se encomendó su apertura y análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP)”.
“Durante ese proceso, se emitió el 17 de noviembre de 2025 un informe preliminar, en el que se consignó, entre otras circunstancias, que el trabajo se encontraba ‘en curso’. Ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas. Es orientador”, añadió.
El informe final con “conclusiones rigurosas fue ”elevado a esta fiscalía el 13 de enero de 2026 y, tras su incorporación al sistema de gestión judicial el 24 de febrero de 2026, quedó disponible para las partes, con anterioridad a la difusión pública de documentación vinculada a la causa acontecida el 6 de marzo de 2026".
La Fiscalía indicó que “la citación testimonial de la periodista Natalia Volosin no tuvo otra finalidad que hacer lugar a una medida solicitada por una de las partes querellantes, a raíz de las inquietudes generadas por la filtración de documentación privada de los imputados”.
Pero esa medida “fue dejada sin efecto al conocerse que el procurador general Casal había iniciado un sumario administrativo —Res PER 171/2026— y promovido una investigación penal por esa irregularidad”. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, Secretaría N°20 (causa N° 1007/2026).
Las precisiones servirán para “llevar claridad respecto de lo acontecido más allá de que esta fiscalía reafirma su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso”, concluyó.
