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NACIONALES | La medida, que inicialmente se anunció por 180 días, derivó en un asfixiante sistema de cuotas y permisos —los recordados ROE Rojo— que destruyó la previsibilidad del mercado y desalentó la inversión en el campo.
El argumento oficial de aquel entonces era simple, casi simplista: prohibir la exportación para que la carne "sobrara" en el mercado interno y, por ende, bajara su precio. Sin embargo, la economía real no funciona por decreto. Al cerrarse los mercados externos, el precio local se desplomó artificialmente, haciendo que la cría dejara de ser rentable.
El resultado fue una masacre productiva. Ante la falta de rentabilidad, miles de productores enviaron sus vacas —incluso las madres, el capital reproductivo del país— al matadero. Entre 2006 y 2011, la Argentina perdió entre 10 y 12 millones de cabezas de ganado, un golpe del que el stock nacional tardó años en recuperarse.
Las consecuencias sociales fueron igual de devastadoras. La crisis no golpeó a los grandes terratenientes, sino que expulsó a 80.000 pequeños productores que no pudieron sostener sus estructuras de costos. Al mismo tiempo, la industria frigorífica sufrió un colapso: más de cien plantas cerraron sus puertas en todo el país, dejando en la calle a más de 12.000 trabajadores especializados.
Lo más irónico —y trágico— de la medida es que ni siquiera cumplió su objetivo primordial. A largo plazo, al haber menos vacas, hubo menos carne. Para 2010 y 2011, los precios en el mostrador pegaron saltos récords por la falta de oferta. Argentina no solo encareció el asado de sus habitantes, sino que regaló sus mercados internacionales a competidores directos como Uruguay y Paraguay, perdiendo posiciones históricas en el ranking mundial.
Hoy, a 20 años de aquel "manotazo", la lección parece estar clara para el sector productivo, aunque el debate sigue abierto en la arena política: la intervención arbitraria en los mercados suele tener un costo social y económico que terminan pagando, irónicamente, aquellos a quienes se decía proteger.
