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LA PAMPA | El Gobierno provincial ratificó su postura en defensa de los recursos hídricos de La Pampa y profundizó sus críticas a la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno nacional.
Fue el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi, quien salió a dar la cara en declaraciones a LU100, donde afirmó que la administración provincial viene sosteniendo una política clara y consistente en la materia, acompañada por la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, en defensa de los ríos pampeanos que, según la visión del Ejecutivo provincial, están siendo amenazados por la nueva normativa nacional, particularmente el río Colorado.
Una ley que, para Ziliotto, desprotege en lugar de cuidar
Gobbi fue contundente al referirse a la modificación de la Ley de Glaciares, y no ahorró críticas desde la perspectiva del Gobierno de La Pampa. Según sostuvo el funcionario, la nueva normativa debería denominarse, en rigor, "ley de desprotección de glaciares y ambientes periglaciares", una definición que sintetiza la posición del Ejecutivo provincial frente a una decisión que consideran perjudicial para el medioambiente y para los intereses hídricos de la provincia.
El secretario también destacó la presentación judicial impulsada por distintas organizaciones ambientales ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, un amparo colectivo que, según indicó, cuenta con el respaldo de 850.000 firmas de ciudadanos de todo el país. "Quedó bien claro que esta ley, a todas luces, es inconstitucional y viola desde la Ley General del Ambiente hasta principios constitucionales", afirmó Gobbi en nombre del Gobierno provincial.
El principio precautorio como argumento central
Consultado sobre la apelación presentada por La Pampa luego del rechazo de la medida cautelar para frenar la aplicación de la ley, Gobbi explicó que el planteo del Gobierno de Ziliotto se basa en el principio precautorio, uno de los pilares del derecho ambiental. Desde la perspectiva provincial, en materia ambiental no es posible esperar a que el daño se produzca para actuar, porque muchos de sus efectos negativos son irreversibles. "Si hay una intervención minera destruyendo un glaciar para hacer explotación, una vez que esa intervención se realizó el daño es irreversible", ejemplificó el secretario, remarcando que en estos casos no existe reparación monetaria posible como en otros ámbitos del derecho. Es sobre esa base que el Gobierno provincial sostiene la necesidad de actuar con anticipación y no aguardar el desarrollo del daño concreto.
Urbanización y acuífero de Santa Rosa
En otro tramo de sus declaraciones, Gobbi se refirió al debate generado en torno a posibles urbanizaciones en sectores vinculados al acuífero de Santa Rosa, dejando en claro que el Gobierno provincial no permanecerá ajeno a esas decisiones. Si bien aclaró que es necesario conocer en detalle cualquier proyecto antes de emitir una opinión técnica fundada, recordó que existe una normativa específica, la Resolución 120/25 de la Secretaría de Recursos Hídricos, que establece los procedimientos obligatorios frente a cualquier planteo de loteo o fraccionamiento cuando hay involucramiento del recurso hídrico.
Desde la visión del Ejecutivo provincial, los municipios tienen potestad para ordenar territorialmente sus jurisdicciones, pero el agua subterránea es un bien público tutelado por el Estado provincial y esa condición no es negociable. "Cualquier tipo de loteo o fraccionamiento tiene que tener en cuenta esta normativa", afirmó Gobbi, dejando en claro que en materia hídrica todos los actores, públicos y privados, deben ajustarse a las reglas que fija la provincia.
